A diferencia de otras técnicas de análisis estadístico, el de conglomerados requiere que todas las variables tengan datos para todos los casos. Cuando no es así, se requiere eliminar la variable o, en su defecto, el caso.
Las decisiones que tomamos estuvieron marcadas por el interés de no excluir países. ¿Qué nos hubiera apor-tado un agrupamiento más completo en cuanto a las variables, pero restringido a los países generalmente más estudiados de la región que son, a su vez, los que disponen de las mejores fuentes de información?
El análisis es sincrónico, de un momento en el tiempo. Los datos se recogieron para el período 1999-200
para luego seleccionar el año para el cual se dispusiera de información para el máximo número de países. Las fuentes fueron las instituciones especializadas más prestigiosas en cada una de las dimensiones: CEPAL, BID, Banco Mundial, OIT, UNESCO, OPS, CELADE, CELS, INTERPOL-UNODC-ONU, y Latinobarómetro.
Para el período y las variables seleccionadas, se consolidó toda la información disponible para luego valorar la cobertura de cada indicador según años y países. La base inicial comprendió 37 variables y 101 indicadores que se presenta en este anexo en el cuadro A.3.1. El alto número de indicadores no fue un objetivo en sí mismo, sino una manera de asegurarnos utilizar aquellos que Segunda parte • Hallazgos
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fueran los más adecuados para operacionalizar las dimensiones, y que a la vez estuvieran disponibles para todos los países considerados.
El segundo paso fue depurar la base de datos al seleccionar el mejor indicador para cada variable, y el mejor año para cada indicador. Buscamos la mayor representatividad de los indicadores (por ejemplo, nacional y no sólo urbano), así como disponibilidad para la mayor cantidad de países, precisamente porque como mencioné al principio del capítulo, el análisis de los conglomerados no admite vacíos de información.
Además, dado que el gasto público tiene un comportamiento sensible al ciclo electoral, promediamos dos años espaciados por dos años (1999 y 2001).
Finalmente las variables de percepción fueron eliminadas porque carecían de significación estadística pero también porque carecemos de análisis previos que nos ayuden a entender la relación de estos indicadores con aquellos relativos a las prácticas. Los indicadores seleccionados fueron 32. El detalle de los criterios empleados está en el recuadro A.1.
Además de la selección de los indicadores, algunas variables fueron eliminadas por falta de disponibilidad empírica: tres para las cuales faltaban datos para más de un país (jornadas femeninas de tiempo parcial, voluntarias e involuntarias); dos que no mostraron capacidad de discriminación entre países (legislación que regula licencias por maternidad y guarderías) y una para la cual faltaba información relativa a un país pero carecíamos de criterios que permitieran extrapolar el dato de otro (flexibilidad laboral en el caso de Panamá).
Finalmente buscamos evitar alta correlación entre indicadores pertenecientes a una misma dimensión, lo cual en el análisis de los conglomerados, equivale a ponde-rar el indicador dándole mayor peso del que en realidad tiene. Las excepciones fueron correlaciones entre algunos de los indicadores de gasto social. A modo de ejemplo, el gasto público en educación tiene una alta correlación con el gasto público social pero quisimos 130
Domesticar la incertidumbre en América Latina ReCuaDRo a.1
Criterios para la selección de los indicadores 1) la selección del indicador para cada variable se hizo según:
- Se contara con información para el mayor número posible de países
- Fueran los más representativos del conjunto de la población
- Tuvieran mayor correlación bivariada entre sí
- Procedieran de la fuente más confiable Además:
- Se eliminaron indicadores para los cuales se carecían de datos correspondientes a 3 ó países (“mujeres que trabajan menos de 30 horas de manera involuntaria”; “mujeres que trabajan menos de 30 horas de manera voluntaria”; y “horas trabajadas por las mujeres con respecto a los hombres”) Cuando sólo faltó el dato correspondiente a un país:
- Y se contó con criterio experto: se completó con un país comparable (tres casos)
- Y se contó con acceso a la fuente: se estimó el dato (un caso)
- Y no se contó con criterio experto, el indicador se eliminó (dos casos)
La aplicación de estos criterios implicó eliminar dos variables: flexibilidad laboral y PEA femenina a tiempo parcial 2) selección del año para cada indicador
- El más reciente para el cual se contara con la mayor cantidad de datos según país
- Cuando no se tenía información de un país para el año seleccionado se consideró el año más próximo a este; en los que había ambigüedad de dirección se eligió el más reciente.
incluir ambos porque el indicador sectorial (por ejemplo educación) nos habla de la composición, mientras que el social incluye sectores de política como las pensiones.
Algunas de estas decisiones debilitaron el acercamiento a la dimensión de la familiarización e incluso de la división sexual del trabajo dentro de la familia.
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Concretamente, la información sobre jornadas de tiempo parcial femenina, voluntarias e involuntarias, es sumamente útil para acercarnos a estrategias conciliatorias entre trabajo remunerado y no remunerado (cuando son voluntarias), distinto a cuando lo impone el mercado laboral (cuando son involuntarias). Sin embargo para usar este dato hubiéramos tenido que eliminar tres países. Los indicadores de legislación de licencias por maternidad y guarderías habrían sido utilizadas si hubiéramos tenido los datos del gasto social que nos permitieran triangular dichos datos y así controlar la brecha entre la legislación y su aplicación. Lamentablemente, en la región no se cuenta con dicha información.
Además, extrapolamos información con respecto a tres variables para las cuales carecíamos de datos en un país. Concretamente, el dato de Nicaragua con respecto a la “proporción de empleados con seguridad social” se empleó para Honduras; el dato de Argentina del 2000, previa crisis económica, con respecto a las
“remesas como porcentaje del PIB” se empleó para Chile; y en Nicaragua, se usó el dato de Honduras relativo a la “esperanza de vida escolar”. Estas extrapo-laciones no constituyen un problema dado que se trata de tres observaciones en una matriz de datos con 59
observaciones (33 indicadores para 18 países).
El consolidado de variables e indicadores seleccionados se presenta en el cuadro A.3.1.
2. Relación entre dimensiones e indicadores La dimensión de mercantilización del bienestar se apoya en los indicadores relativos a la cantidad y calidad de la incorporación de la población en el mercado laboral. En términos de cantidad consideramos la tasa neta de participación y la tasa de desempleo, como indicadores de absorción de fuerza de trabajo. Además, el indicador de la población femenina económicamente activa permite valorar la mayor o menor presión de la fuerza de 132
Domesticar la incertidumbre en América Latina trabajo sobre el mercado laboral. La radiografía no estaría completa si no tuviéramos en cuenta las remesas, en tanto indicador del grado en que la población que habita en cada país accede a los recursos monetarios a través de los mercados laborales transnacionales.
En términos de calidad consideramos la población económicamente activa asalariada y la independiente no calificada, como acercamientos a la formalidad e informalidad, a la protección y desprotección social, respectivamente. También consideramos el producto interno bruto por habitante y la proporción bajo la línea de pobreza, ambos acercamientos al nivel y suficiencia de los ingresos de la población. El coeficiente de Gini, en este contexto, permite acercarse a la distribución, más o menos concentrada, de los ingresos.
Finalmente, incluimos el indicador de la población rural dado que la dependencia del intercambio mercantil está fuertemente condicionada por la mayor o menor presencia de la producción para el autoconsumo, mayor en el medio rural que en el urbano.
Operacionalizamos el grado de desmercantilización a través de dos tipos de indicadores: presencia de la política pública y de las compras privadas, directa a inversamente relacionadas con la dependencia del intercambio mercantil. Entre los primeros consideramos la población ocupada en el sector público; tres indicadores del gasto por habitante (en salud, educación y social)8; y la proporción del gasto destinado al desarrollo humano (educación y salud) la cual permite una comparación con el destinado a la protección de los riesgos (como pensiones o transferencias por incapacidades).
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Además consideramos el gasto público social como proporción del PIB como indicador del esfuerzo fiscal, altamente correlacionado con el gasto social por habitante. Los conglomerados fueron los mismos usando uno y otro indicador. Optamos por considerar el gasto social por habitante para contar con una medida similar a la de la inversión sectorial y porque en términos de la asignación de recursos, para la población es más relevante la inversión en términos absolutos que su relación con el PIB.
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¿En qué medida la población está protegida de los riesgos sin directa dependencia en el mercado privado?
Para acercarnos a esta pregunta consideramos los/
as empleados/as que cuentan con seguridad social.
Finalmente, para acercarnos a las frecuentes brechas entre el acceso formal y el acceso real a los recursos del Estado, incluimos un indicador “no tradicional” relativo al conocimiento de las redes clientelares.
Entre los indicadores relativos a las compras privadas consideramos los tres disponibles: gasto privado en salud, matrícula educativa privada (índice de matrícula privada a nivel primario, secundario y universitario) y consumo privado como porcentaje del consumo total en el país.
La dimensión de familiarización es la más difícil de operacionalizar a través de los indicadores disponibles.
Lo más importante era valorar el peso relativo del trabajo no remunerado, especialmente el femenino, en el manejo de los riesgos. ¿Cómo hacerlo ante la carencia de indicadores de uso del tiempo? Lo hicimos a través de dos aproximaciones: la presencia de familias nucleares biparentales con cónyuges dedicadas al trabajo no remunerado, y la presencia de familias urbanas extensas o compuestas en las que se presume, hay mayor cantidad de personas adultas que participan de dicho trabajo. Dada la ausencia de mediciones sobre la división sexual del trabajo incluimos el índice de desarrollo humano relativo al género9.
En segundo lugar buscamos acercarnos al grado de exigencia que tienen las familias para mercantilizar un mayor número de integrantes como una manera de compensar la insuficiente o inestable remuneración del trabajo de la población adulta. Para ello consideramos la presencia de niños/as entre 10 y 1 años insertos en el mercado laboral.
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Un indicador que no consideramos es la presencia relativa de jefatura femenina. Permite acercarnos al doble papel de las mujeres como proveedoras de cuidados y de ingresos. Esperamos incluirla en una revisión final de los conglomerados.
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