los servicios públicos. En términos de políticas asistenciales se multiplican los programas sociales, se da una intensificación de la focalización sobre los déficits básicos y la aparición de las modalidades de reinserción tutelada en el mercado de trabajo” (Andrenacci y Repetto, 2006:9).
Armando Barrientos (2004) argumenta que en las últimas dos décadas, América Latina pasó de un régimen de bienestar conservador-informal a otro liberal-informal. El primero compartía rasgos importantes con los corporativo-conservadores identificados por Esping-Andersen en Europa continental. La principal fuente de protección, en esos regímenes, eran los sistemas estratificados de seguridad social, asociados al empleo y destinados sólo al trabajo formal. El trabajo informal dependía de sus ingresos y de las estrategias familiares para hacer frente a los riesgos como la enfermedad y la vejez. La diferencia es que en las últimas décadas, los riesgos afrontados colectivamente se han reducido, las políticas públicas se han replegado y las personas están crecientemente libradas a su propia suerte. La región se ha acercado al régimen liberal que encontramos en el Norte, pero, a diferencia de aquellos, carece de programas focalizados sólidos. De allí que estemos, dice Barrientos, ante un régimen liberal-informal.
Claro que la región continúa siendo heterogénea. Las experiencias nacionales variaron según el desempeño macroeconómico, la herencia institucional y las políticas públicas así como, según la capacidad técnica y la volun-tad política de los Estados y de los gobiernos, la dimensión de la pobreza y de la desigualdad y la presencia de situaciones de crisis económica o política que levantaran los vetos al cambio (Filgueira y Martínez, 2002).
Para este período, Filgueira (2004) retoma su tipología de Estados sociales previos al ajuste, la reelabora y plantea que las reformas estructurales abren dos caminos, el liberalizado de Argentina y Chile y el de las reformas más reticentes y graduales de Costa Rica y Uruguay. Más aún, pone a Brasil en esta última ruta
0
Domesticar la incertidumbre en América Latina y plantea dudas sobre cómo ubicar a México, con lo cual, “desarma” el tipo dual. Finalmente, a los excluyentes los continúa agrupando juntos, aunque reconoce que en estos se produce la creación de programas sociales focalizados y destinados a los sectores que, previo a las reformas, carecían de toda intervención del Estado17. Para este mismo período, Barba (2003) parte de la tipología inicial de Filgueira pero analiza su permanencia a lo largo del tiempo. Por eso, una y otra tipología presentan matices con respecto a, por ejemplo, cómo caracterizar los regímenes de países como Argentina y cuáles son las principales diferencias que podemos observar, por ejemplo, entre Costa Rica y Chile.
Filgueira, siguiendo a Esping-Andersen, combina el análisis de la magnitud de la inversión pública social con los criterios de acceso a dicha inversión, mientras que Evelyne Huber y John Stephen (2005) analizan la cobertura, el gasto y la asignación de la inversión social.
El resultado de este último análisis es la identificación de cuatro conglomerados de países con grados descen-dientes de la cobertura y el esfuerzo fiscal: primero, el grupo compuesto por Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica; segundo el grupo integrado por Brasil y México; tercer grupo integrado por Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela y finalmente, el cuarto grupo formado por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua18. Huber y Stephen argumentan que las polí-
ticas sociales del primer grupo pueden ser consideradas como exitosas, mientras que las de los restantes grupos no. Así, esta tipología junto con la de Filgueira nos da luces con respecto a los rasgos básicos de los regímenes de los cuatro países que interesan en este trabajo.
17
En su trabajo del 2004 Filgueira analiza en detalle varios países, aunque en menor cantidad que los que analiza Barba (2003).
18
Además identificaron un quinto conglomerado integrado por los países del Caribe angloparlante.
Primera parte • Pensando el bienestar
1
Uno de los principales aportes de Barrientos, mencionado más arriba, es que trasciende la intencionali-dad y la retórica legal para enfocarse en las prácticas.
Su enfoque es por lo tanto más comprensivo que el de Filgueira y el de sus posteriores adaptaciones. Su principal limitación es una sobregeneralización, la cual ubica a toda la región latinoamericana bajo un mismo régimen de bienestar. Como se muestra en los siguientes capítulos, si una parte de América Latina puede considerarse, como lo hace Barrientos (2004) informal-liberal, para la otra parte de América Latina, el rótulo de “liberal” es cuestionable.
7. sI El Estado (dEs)rEgula,
la famIlIa artIcula...
¿Quiénes “pagan los platos rotos” de los mercados laborales en problemas y de las políticas públicas en retiro? Asistimos a una profunda transformación de las familias para hacer frente a las múltiples “fallas” y vacíos que dejan el intercambio mercantil y la asignación autorizada de los recursos, así mismo y en gran medida también, para hacer frente a los cambios en las relaciones de género.
Una adecuada caracterización de lo que ocurre actualmente en América Latina, obliga a otorgarle un lugar central al trabajo no remunerado de las familias en general y al de las mujeres en particular. Un referente de la incorporación del enfoque de género al análisis de los efectos de la política pública en la división sexual del trabajo, es el estudio de Jenny Pribble (2004). Ella lo hizo a partir de la comparación de tres programas públicos (asignaciones familiares, licencias por maternidad y cuidado de niños y niñas) en Chile y Uruguay. Ambos países tienen niveles similares de inversión social, aunque reproducen la división sexual del trabajo en diferentes grados, esta es más fuerte en Chile que en Uruguay. Por ejemplo, las asignaciones familiares tienen similares requisitos para los
2
Domesticar la incertidumbre en América Latina hombres y las mujeres en Uruguay, mientras que en Chile, no reconocen como dependientes a los esposos o compañeros desempleados. Su análisis muestra el rendimiento empírico de tener lentes teóricos sensibles a la estratificación de género, como una manera de especificar no sólo la magnitud sino el tipo de inversión social. En los capítulos empíricos siguientes se toma en consideración este lente, con él se mira además de las familias, el manejo mercantil de los riesgos.
Para ello nos preguntamos ¿cómo caracterizar a las familias y de qué manera pensar sus relaciones con el Estado y con el mercado?
En América Latina, una manera de abordar el papel de las familias, en particular el de las familias pobres, ha sido desde la noción de las “estrategias de supervivencia”. Estas aluden a los arreglos familiares coyunturales con los que la población hace frente a los cambios del entorno (Forni, 2004). Concretamente, para Moser “los recursos que los individuos, las familias y las comunidades movilizan para enfrentar los problemas son los medios de resistencia y adaptación” (Moser en Escobar y González de la Rocha, 2002). Esto puede implicar la intensificación de las estrategias existentes o la creación de nuevas estrategias. No necesariamente implica mejoras en el bienestar ni en la capacidad para la movilidad social (Paternain, 2005). La noción surge para dar cuenta de las respuestas familiares a la estabilización y al ajuste de las economías (González de la Rocha, 2006). A través de este concepto, la investigación dio cuenta, por ejemplo, de la incorporación de las mujeres, los niños/as y los/as jóvenes al mercado laboral, para compensar la caída de los salarios.
Trascendiendo a las familias pobres, pero intentando incorporar a las familias en la conceptualización del régimen, Ian Gough y Geof Wood (2004) van más allá del análisis del Estado y desarrollan una tipología más amplia que permite el estudio de los países de África, Asia y América Latina. Estos investigadores consideran que los regímenes de bienestar identificados por Primera parte • Pensando el bienestar
3
Esping-Andersen son, en realidad, variantes de una misma familia: la de los regímenes estatales de bienestar. Estos sólo se encuentran en los países que cuentan con Estados legítimos y mercados laborales formales, en los cuales la mayoría de la población es exitosamente protegida por estas dos entidades.
Sin embargo, en buena parte del mundo, incluidos muchos países de América Latina, los Estados están prácticamente ausentes, los mercados laborales frecuentemente excluyen a la mayoría de la población y el bienestar descansa en gran medida en las familias y en las redes sociales de apoyo (Gough y Wood, 2004).
Cuanto menor es el peso relativo de las políticas públicas, más relevante es por lo tanto tenerles en cuenta como mecanismos de protección social. Concretamente, en regímenes informales, como los que Gough y Wood encuentran en América Latina, la mayoría de la población depende de los arreglos familiares y comunitarios para enfrentar el riesgo (Gough y Wood, 2004)19. Estos elementos son clave a la hora de dar cuenta de las prácticas de la asignación de los recursos en casi toda América Latina, incluyendo los cuatro países en los que se enfoca este estudio.
Hasta al momento, el análisis de los regímenes de bienestar ha considerado a la familia como una categoría residual. A mediados del siglo veinte, la teoría de la modernización anunció la pérdida de funciones de la familia frente a la diferenciación y la especialización de otras instituciones sociales. En los años ochenta la economía política agravó la situación al enfocarse en el binomio Estados-mercados (Esping-Andersen, 2001) mientras que los economistas neoclásicos, la ubicaban en el nivel micro, en tanto conjunto de interacciones 19
Estos autores también identifican los regímenes de inseguridad en algunos países africanos, en los cuales la mayoría de la población depende de las relaciones político-militares altamente personalizadas.
Domesticar la incertidumbre en América Latina a partir de preferencias individuales (Elson, 1996)20.
Fueron las investigadoras feministas quienes, desde el abordaje del cuidado y del trabajo no remunerado, colocaron a la familia como una institución social y genéricamente construida, en el centro del debate sobre la producción del bienestar. Aún así, desde el punto de vista de los regímenes de bienestar, esta esfera ha sido escasamente teorizada y, sobre todo, incipientemente investigada.
Ahora bien, ¿qué entendemos por “familia”? Al margen de las especificidades económicas, sociales y demográficas, la familia está constituida por relaciones conyugales, filiales y fraternales (Théry, 2000).
También está compuesta por las interacciones entre las personas que aún cuando no estén relacionadas por el parentesco, crean cotidianamente y de manera conjunta, condiciones materiales y no materiales de existencia (Torrado en Cordero, 1998), indistintamente si comparten o no, un mismo lugar de residencia.
Lejos de una mera comunidad de intereses, estas relaciones e interacciones se caracterizan por asimetrías internas de poder, de recursos y de capacidad de negociación (Arriagada, 2002). Dichas asimetrías se reflejan en el grado de autonomía de las mujeres con relación a sus cónyuges, en los patrones de poder y de autoridad así como en la división sexual del trabajo (García y De Oliveira, 1998:200). En el marco de la familia se provee el cuidado, en tanto que trabajo, este implica el desarrollo de tareas necesarias para la vida como son la alimentación y la atención cotidiana e incluye además de las dimensiones materiales, las dimensiones afectivas y emocionales. Este abordaje permite corregir una definición muy restrictiva del trabajo, impuesta con el advenimiento de la industrialización, que lo equiparaba 20
En el nivel micro, el análisis económico puede desagregarse según sexo e incluso considerar las inequidades de género, aunque como producto de preferencias y dotación de recursos y no de instituciones sociales genéricamente construidas.
Primera parte • Pensando el bienestar
al empleo. “En la época preindustrial se manejaba una noción de trabajo bastante más amplia que la actual, puesto que ésta incluía toda actividad destinada a producir bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas... (con) la creciente separación física del hogar y de la producción para el mercado... sólo será considerado como trabajo el asalariado o el autoempleo, perdiendo tal categoría las actividades sin remuneración desarrolladas por los miembros del hogar para cubrir sus propias necesidades... Esta definición presenta un problema aña-dido... no tiene en cuenta que las formas de producción son dinámicas y variables, que los límites pueden estar cambiando continuamente tanto a nivel de cada unidad como a nivel global...” (Carrasco, 2001:28-29).
Las distintas prácticas de la producción del bienestar se combinan a partir de las decisiones tomadas en el marco de las interdependencias familiares y de las estructuras de oportunidades, en gran medida dadas por los mercados laborales y la inversión pública. Así, las familias trasladan las jerarquías y las asimetrías al ámbito del mercado y del Estado. Por ejemplo, la dependencia económica de unos miembros con respecto a otros, se refleja en un acceso también dependiente, a los servicios sociales y al consumo privado de bienes y servicios. Así, la familia absorbe las “fallas” del mercado y la presencia o ausencia del apoyo estatal por medio de una expansión o reducción del bienestar. Lo hace a través del trabajo no remunerado (en el sentido que le da Esping-Andersen, 2002) y desde las relaciones de poder, en particular, de la división sexual del trabajo que la estructuran. Por ello, desde las familias, es posible reconstruir los regímenes de bienestar "en operación".
Y claramente el manejo de los riesgos a partir de una combinación de prácticas de asignación de los recursos que tiene lugar en las familias, está teñido de conflicto, tensiones y resistencias. La distribución de las responsabilidades es producto de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, entre familias y mercados, entre niños/as y personas adultas. Al final,
Domesticar la incertidumbre en América Latina el bienestar como capacidad para manejar incertidumbre es el resultado de estas constelaciones que a veces son sinérgicas y, al menos en América Latina, la mayoría de las veces no.
8. EntoncEs...
Los regímenes son a los países lo que las estructuras sociales son a las personas: es decir, son arquitecturas que, si bien no determinan mecánicamente las oportunidades de los individuos y los colectivos concretos, sí inciden fuertemente en los tipos y grados de oportunidades disponibles. Unos regímenes están organizados en “mono ambientes” que a lo largo del día pasan de ser cocina a dormitorio. Otros cuentan con varios espacios, cada uno dedicado a distintas prácticas cotidianas. Además, en tanto arquitectura, unos ofrecen más escaleras, puertas y ventanas para que las personas suban y bajen, entren o salgan, que otros más limitados o claustrofóbicos.
¿Cómo llevar esta mirada al análisis empírico? ¿Y
cómo hacerlo ubicando históricamente las prácticas actuales de la asignación de los recursos? En los capí-
tulos siguientes se desarrollan dos miradas distintas aunque complementarias: una histórica, de larga duración, y otra estadística, enfocada en el presente.
Antes, sin embargo, el capítulo 2 presenta sinté-
ticamente rasgos que han sido señalados como distintivos de las diversas prácticas de asignación de los recursos en América Latina.
capítulo
mercados laborales, Estados y familias en américa latina
Las promesas de mayor bienestar realizadas por los gobiernos en el marco de la doble transición hacia el mercado y hacia la democracia no se han hecho realidad. Lejos de esto, la región presenta complejas condiciones económicas y sociales que amenazan el bienestar de una gran mayoría de la población. Y son los mercados laborales, familias y políticas sociales reales los que dan lugar a regímenes de bienestar con personalidad y rasgos propios.
¿Qué sabemos de los mercados laborales, de la emigración y de las remesas como formas de expansión de los mercados laborales nacionales? ¿Cómo se organizan las familias latinoamericanas y con qué implicaciones para las prácticas de asignación de los recursos? Y la política social, ¿cómo se caracteriza y qué resultados distributivos arroja?
1. mErcados laboralEs: sEgmEntados, transnacIonalEs y fEmInIzados
En nuestra región, los mercados laborales generan empleo insuficiente y precario (Pérez Sáinz, 1999), frente al cual la población responde con un intenso despliegue de modalidades informales de trabajo remunerado. A la crisis del empleo formal, se agrega la persistencia de una economía de trabajos precarios e
Domesticar la incertidumbre en América Latina informales y la emergencia del desempleo estructural.
La población ocupada en empleos formales ha disminuido mientras que el autoempleo y la desocupación, se han extendido a nuevos sectores de la economía. La polarización de la estructura del empleo y de la distribución del ingreso es histórica, pero se acentuó aún más durante la última década. El ingreso promedio mejoró, aunque como resultado de pocos empleos de alta calidad y muchos empleos de escasa calidad (Pérez Sáinz, Andrade-Eekhoo, Bastos y Herradora, 2004).
Estos rasgos contrastan con los mercados laborales extendidos y su capacidad de proveer ingresos suficientes, que según los análisis sobre los regímenes de bienestar, producen los países centrales21 (Gough y Wood, 2004). En efecto, al estudiar los países ubicados en el Norte del planeta descubrimos que allí, se ha dado por sentada la efectividad del mercado laboral nacional o, en su defecto, de los mecanismos de protección social para resolver la generación de ingresos de la mayoría de la población. Mientras, en América Latina, el mercado laboral no es sólo nacional sino también binacional, regional o transnacional. Las migraciones constituyen estrategias de búsqueda de empleo y de generación y mejoramiento de los ingresos que, en alguna proporción, retornan al país como remesas en efectivo o en especie (ropa, zapatos, medicinas y juguetes). Se hacen envíos de unas familias a otras y de asociaciones de inmigrantes a comunidades (Benavides, Ortiz, Silva y Vega, 2004). Por ejemplo, el estudio de una comunidad salvadoreña muestra que las familias que reciben remesas cuentan con recursos adicionales en comparación con las que no. A la vez, se insertan en 21
Además, esto quiere decir que, a diferencia de los estudios realizados en los países centrales, el trabajo con información agregada en el plano nacional presenta serias limitaciones para conocer la articulación de las esferas en la producción del bienestar, es decir que la desigual distribución de los ingresos genera una segmentación de los regímenes de bienestar que funcionan en cada país.
Primera parte • Pensando el bienestar
estrategias de subsistencia, dado que “sus ingresos no son suficientemente altos como para permitirles prácticas generalizadas de ahorro formal, endeudamiento o inversión productiva” (Benavides, Ortiz, Silva y Vega, 2004:156).
Entre otros factores y salvo excepciones como Guatemala, donde el empleo público ya era muy escaso, la caída del empleo formal refleja, entre 1990 y el 2003, una reducción de la importancia relativa del empleo público (CEPAL, 2005). En toda la región, con excepción de Chile y países con alta presencia de maquila, se observa una caída absoluta y relativa del empleo industrial (CEPAL, 2005). Paralelamente, se han agu-dizado las actividades de subsistencia y de autoempleo de baja productividad, con mayor incidencia en las zonas rurales. En las zonas urbanas, las microem-presas son las más afectadas, aunque con diferencias por países, entre las que destaca un nivel superior de informalidad en los países andinos y centroamericanos, con excepción de Costa Rica (Sojo y Pérez Sáinz, 2002). Asimismo, esta modalidad de empleo ya no sigue exclusivamente un patrón estructural sino que se ha extendido, por ejemplo a antiguos asalariados, quienes por la crisis y los procesos de ajuste de las economías, han visto reducidos sus ingresos (Sojo y Pérez Sáinz, 2002). Así, la caída del empleo formal refleja procesos de desregulación laboral, liderados por Chile, quien para inicios de la década, ya había alcanzado un mercado laboral flexible, lo que en la mayoría de los demás países ocurrió hacia la mitad de la década de los noventa (Sojo y Pérez Sáinz, 2002).
Tercero y paralelamente, el desempleo constituye uno de los rasgos más sobresalientes de los mercados laborales de la región, al punto que los promedios pon-derados regionales de desocupación urbana en el 2000
alcanzaron un 8,4%, nivel similar al que tenían en plena crisis de la década de los ochenta (Sojo y Pérez Sáinz, 2002). El gráfico 1.1 muestra el porcentaje de crecimiento del desempleo entre 1990 y el 2003 desagregado
0
Domesticar la incertidumbre en América Latina según el nivel educativo. Con excepción de Costa Rica, el desempleo ha aumentado más entre quienes tienen mayor nivel educativo.
gráfIco .1
Evolución del ratio de la tasa de desempleo urbano por nivel educativo entre 1990 y 1999
fuente: Elaboración Filgueira 2007 en base a CEPAL, 2002.
Mientras que el peso del desempleo es más alto en países con una modernización temprana como Chile o Uruguay, el de la informalización está más extendido en los países con modernización tardía como Nicaragua e incluso Costa Rica, con modernización tardía aunque muy rápida. Si bien, ni el desempleo ni la informalidad son novedades para la población de estos países, sí lo es el grado en que la autogeneración del empleo, ha perdido capacidad para absorber el excedente laboral existente en el nuevo modelo económico. Esta situación ha favorecido los procesos migratorios hacia dentro y hacia fuera de la región, dando lugar a mercados laborales binacionales, regionales o transnacionales.
Si bien las decisiones de migrar dependen de factores Primera parte • Pensando el bienestar
1
políticos, bélicos y/o subjetivos, las razones económicas son fundamentales, específicamente el desempleo y la diferencia del ingreso real entre el país de origen y el país de destino (OIT, 2005).
Estas transformaciones del mercado laboral latinoamericano perpetúan la pobreza y agudizan la vulnerabilidad de aquellos hogares que, aunque no se encuentran en situación de pobreza, tienen una economía familiar inestable, sujeta a los vaivenes del empleo y del desempleo. Las diferentes dimensiones de estos cambios, aunque son comunes a la región, afectan en diferentes grados a los países. Pero el efecto es también distinto a lo interno de cada país según el análisis por sexo: si bien la participación laboral femenina aumenta a lo largo de la región, aún persisten diferencias en las oportunidades y en la calidad de la inserción productiva de estas, con respecto a los hombres.
En cuarto lugar, entre 1990 y el 2002, la participación laboral de las mujeres en las zonas urbanas aumentó del 38% al 50%, mostrando un crecimiento mayor que la participación laboral masculina (CEPAL, 2004). Viéndolo por país, entre 1990 y el 2003 el aumento fue de entre 4% y 10%. A diferencia de lo que ocurre en los países centrales, en América Latina los países con mayores tasas de participación laboral femenina son también los que presentan mayor fecundidad, menor escolaridad, mayor pobreza e informalidad y menor inversión pública (Schkolnik, 2004). Ejemplos de lo anterior son países como Bolivia, Guatemala, Ecuador, Nicaragua y Paraguay. La presencia de cónyuges sin trabajo remunerado es, sin embargo, diversa según los países: mientras el promedio es de 43%, en Chile, país con la máxima proporción de mujeres cónyuges sin trabajo remunerado es de 54% y en Bolivia es de 33%.
Si bien, muchas de las mujeres de la región trabajan por la realización personal o profesional, son cada vez más las que lo hacen por necesidad: entre 1994 y el 2002, la tasa de participación de las mujeres pobres se incrementó en 7% mientras que la de mujeres no
2
Domesticar la incertidumbre en América Latina pobres lo hizo en 4% (CEPAL, 2004). Así mismo, cuanto mayor es el PIB por habitante, menor es la proporción de mujeres cónyuges que trabajan remuneradamente.
Ejemplos son Costa Rica, Chile, México y Argentina. De igual manera, cuanto menor es el PIB por habitante, mayor es la proporción de cónyuges con trabajo remunerado, como ocurre en Bolivia, Colombia, Paraguay y Nicaragua (Arriagada, 2004).
A excepción de Uruguay y Honduras, el patrón regional es de mayor participación laboral femenina en países con mayor pobreza, fecundidad y ausencia de política social. Uruguay sobresale por ser el único con altas tasas de participación laboral femenina en un contexto de altos niveles de escolaridad, ingresos e inversión pública. Honduras llama la atención porque, teniendo bajos niveles de escolaridad, ingresos e inversión pública, mantiene niveles de participación femenina relativamente bajos22. Ambos países merecen mayor atención en tanto se alejan de algunos patrones que caracterizan al resto de los países de la región.
Aún cuando las mujeres tienen en promedio niveles educativos superiores a los de los hombres, el desempleo, la segmentación laboral y la brecha de ingresos les afectan más. Entre 1990 y el 2002 el desempleo en América Latina aumentó para ambos sexos, pero el masculino aumentó 3,4% mientras que el femenino aumentó 6%, alcanzando una tasa de desocupación del 7,7% para los primeros y del 11,1% para las segundas (CEPAL, 2004). En el 2002, la participación femenina era predominante en el trabajo familiar no remunerado y en el servicio doméstico, categorías en las cuales las mujeres fueron el 90%. Mientras, entre los asalariados, las mujeres no alcanzan el 50%, en ninguno de los países (CEPAL, 22
Esto puede que se deba a la invisibilidad del trabajo rural, usualmente no remunerado, en cuyo caso, igual deberíamos dar cuenta de por qué las estadísticas no arrojan resultados similares en países como Guatemala y Nicaragua.
Primera parte • Pensando el bienestar
3
2004). Si bien la brecha de inserción en los sectores de baja productividad entre los hombres y las mujeres disminuyó entre 1990 y el 2002, esto se debió a un incremento de la participación masculina y no a una reducción de la participación femenina.
La importancia que tiene el ingreso de las mujeres en el aporte del hogar se ve opacada y reducida por las diferencias salariales entre los sexos, las cuales predominan en todos los niveles educativos y en las diferentes ocupaciones, incluso en los sectores de baja productividad. De manera general, se calcula que en la región, cuando las mujeres participan en el mercado de trabajo obtienen un 65% de los ingresos obtenidos por los hombres y la brecha se agranda a mayor nivel educativo.
Ya se mencionó que la informalización y la precariedad del empleo constituyen un fenómeno regional. No obstante, este afecta más a las mujeres que a los hombres. La segmentación del mercado de trabajo coloca a las mujeres en los empleos más precarios e incluso, en aquellos donde se perpetúan los estereotipos de géne-ro. Sin embargo, el ingreso de las mujeres contribuye a disminuir la pobreza en sus hogares y a pesar de la segregación y la discriminación, las mujeres persisten en participar en el mercado laboral (CEPAL, 2004).
Frente a las limitaciones de los mercados laborales domésticos, la emigración permite la inserción en mercados laborales transnacionales. En América Latina la emigración muestra diversidad de actores, rutas y ritmos, los cuales reflejan y su vez generan cambios productivos y familiares. Por ejemplo, en Centroamérica, con excepción de Costa Rica, existe una alta emigración originada durant