De acuerdo al análisis presentado en el capítulo previo, Chile tiene un régimen de bienestar estatal-productivista: alta formalidad del mercado laboral, alto grado del mercado en la resolución de los problemas y centralidad del Estado en la creación de capacidades bajo criterios de necesidad, generalmente acompañada de familias nucleares.
Chile es el segundo país con mayor desarrollo humano de América Latina. El diseño actual de la polí-
tica pública responde básicamente, a la arquitectura de la dictadura militar de los años ochenta, con una ampliación de componentes solidarios introducida a lo largo de los cuatro gobiernos democráticos sucedidos desde 1990. Después de haber experimentado una profunda transformación social y económica, el mercado tiene hoy un papel central y el bienestar está altamente sujeto al poder adquisitivo individual. Sin embargo, a diferencia de países con régimen de bienestar familiarista como Ecuador o Nicaragua, en Chile el Estado redistribuye una importante cantidad de recursos: de acuerdo a los datos de cuentas nacionales, en promedio, una persona chilena gasta en servicios sociales privados lo mismo que recibe a través de los servicios públicos. Incluso, en los últimos años esta relación ha venido cambiando a favor del gasto público, es decir, se ha venido dando una mayor desmercantilización: 160
Domesticar la incertidumbre en América Latina mientras en 1998 el gasto privado en servicios sociales que invertía una persona promedio era más de una vez y media que el gasto público social (1,7), en el 2003
ambos montos eran iguales (1,0). Los recursos públicos se destinan principalmente a la población de escasos recursos y, en contraste con lo que ocurre en Costa Rica, la población tiene escasas expectativas sobre el manejo colectivo de los riesgos por parte del Estado.
2.1 Herencia: tempranos intervencionismos La política social fue establecida tempranamente en el país, de la mano con el modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones y en el marco del Estado de compromiso que se extendió desde principios del siglo hasta 1973 y que conllevó un significativo conjunto de políticas sociales (Raczynski, 2002). Eran los años de auge de la “cuestión social”.
En este contexto, en 192 el Congreso Nacional aprobó un conjunto de leyes sociales, producto de las iniciativas previamente presentadas, tanto por conservadores como liberales. Así se legalizaron los sindicatos y se sentaron las bases para el desarrollo de las instituciones de bienestar (Valenzuela, 2006a). Esta legislación se diseñó e implementó bajo un paradigma de protección colectiva de la salud, maternidad, invalidez y vejez, como una aspiración para la mayoría de la población.
Así, desde la segunda década del siglo pasado la política social chilena creó una legislación que buscó integrar y atender las crecientes demandas sociales.
El diseño y centralidad de la política pública dio origen a un manejo de riesgos con coberturas parciales y fuertemente estratificadas según las ocupaciones. Los beneficios estuvieron destinados a una familia integrada por un hombre proveedor con empleo permanente de tiempo completo y una mujer, madre dedicada a la casa y al cuidado del esposo e hijos/as –modelo con respecto al cual, ya en ese momento, quedaban fuera un tercio de las familias (Tironi, Valenzuela y Scully, Segunda parte • Hallazgos
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2006)–. Al mismo tiempo, la política pública tenía componentes de solidaridad y redistribución entre personas y familias. En ese período el Estado financiaba, gestionaba y prestaba servicios (Raczynski, 2002).
Hacia 1970, Chile contaba con una asignación colectiva pública de los recursos que seguía patrones propios de la Europa continental y mostraba a la vez, una amplia cobertura y segmentación de los servicios (Tironi, 2003). Por un lado, el 8% de la población entre 6 y 1 años se encontraba matriculada en la educación básica; el 80% de los nacimientos contaba con atención profesional en el momento del parto y una proporción similar de niños y niñas menores de 6 años accedían a programas de control y alimentación complementaria.
A la vez, “la matrícula en educación secundaria era del 38% de los jóvenes entre 15 y 18 años… La población activa afiliada al sistema de previsión social alcanzaba el 70%, aunque sólo cerca de un 50% cotizaba regular-mente. El gasto social en educación básica y salud era progresivo, no así el de vivienda, previsión social, educación media y universitaria.” (Raczynski, 2002:126).
Entre 1970 y 1973 Chile se transformó en un ejemplo de vía democrática al socialismo. Durante ese corto período, el gobierno buscó profundizar la intervención del Estado en el manejo y garantía del bienestar a través de medidas tales como la distribución de tierras, el control de los salarios (que se diluyó ante el aumento de la inflación) y el aumento del gasto social que superó el 25% del PIB comparado con el promedio de la década previa (19%) –con la consecuente expansión del déficit fiscal– (Arellano en Mesa-Lago, 2000).
Así, el Estado se convirtió en el actor principal de la economía chilena, de su regulación, producción, asignación de los recursos y resolución de los conflictos. Cerca de 61 empresas fueron intervenidas por el gobierno, el cual, al finalizar 1973, controlaba, sin considerar al sector agrícola, cerca del 39% del PIB en comparación con solo el 1% en 1965. La nacionalización de la industria del cobre, la aceleración de la 162
Domesticar la incertidumbre en América Latina reforma agraria y la intervención de los bancos, incrementó en un 70% el control del Estado en la inversión total (Mesa-Lago, 2000). Sin embargo, en el marco de los severos conflictos políticos entre sectores empresariales y trabajadores, así como la escasez de bienes y servicios esenciales, se precipitó el derrocamiento del gobierno democrático, por parte de las fuerzas armadas, que fueron a su vez, apoyadas por los sectores conservadores y el gobierno de Estados Unidos.
2.2 Coyuntura crítica: del intervencionismo a la liberalización
El 11 de septiembre de 1973 tuvo lugar un golpe militar, se diluyó el Congreso Nacional y se transfirieron sus potestades a una junta militar que estuvo al frente del país entre 1973 y 1989. Esta junta estuvo integrada por cuatro comandantes de las fuerzas armadas y fue liderada por Augusto Pinochet. Entre sus primeras medidas destacan la prohibición de los partidos políticos de oposición, el cierre de los sindicatos, las federaciones obreras y las asociaciones profesionales, la intervención de las universidades, el control de los medios de comunicación y la restricción de las principales libertades civiles, con acciones como el toque de queda. Miles de personas fueron asesinadas o encarceladas.
Sin contrapesos, el nuevo gobierno llevó a cabo una transformación económica y social radical. La crisis económica iniciada durante el gobierno de Allende se atribuía, a la creciente presencia estatal en la economía. En contraposición con el carácter mixto, regulado y proteccionista de aquella economía, a partir de 197
las reformas promovieron un mercado libre y abierto.
(Mesa-Lago, 2000). Estas medidas fueron conducidas por un equipo económico de Chicago Boys 1 que, con 1
En tanto seguidores de las enseñanzas del economista y profe-sor de la Universidad de Chicago Milton Friedman.
Segunda parte • Hallazgos
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mínimos cambios, estuvieron al frente de la economía chilena durante casi una década.
Este equipo modificó el papel del Estado en la economía. Por un lado, eliminó las políticas distributivas impulsadas durante el gobierno socialista. Por ejemplo, se devolvieron las tierras cultivables que habían sido expropiadas mediante la reforma agraria. Por otro lado, con la excepción de la producción del cobre, se privatizaron prácticamente todos los activos del Estado15.
Las entidades de planificación económica del gobierno, Ministerio de Economía, Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) y la Corporación de Fomento para la Producción (CORFO) redujeron su intervención, pasando a tener un papel secundario coherente con el enfoque a favor del “libre” juego del mercado.
En segundo lugar, se transformó el modelo de crecimiento económico, pasando de la sustitución de importaciones a la liberalización del comercio exterior y a la diversificación y promoción de las exportaciones. El sector privado se volvió el principal agente de desarrollo y aunque la retórica era la reducción del Estado, en los hechos se reorientó su apoyo hacia el sector exportador.
Con una economía reorientada hacia la promoción de las exportaciones y un Estado reducido en sus funciones, los servicios sociales también sufrieron cambios radicales. Concretamente, se produjeron recortes generalizados en la inversión y el Estado se especializó en programas sociales focalizados en la población pobre.
Además se incrementó la participación del sector privado en el financiamiento y la prestación de servicios sociales. Se estableció una red social compensatoria dirigida a las familias en condiciones de pobreza extrema y se reorganizaron los servicios de salud y educación, dando prioridad a los niveles de menor complejidad (educación básica y salud primaria). Como complemento de las 15
Los recursos del cobre eran una fuente de financiamiento del presupuesto de las fuerzas armadas (French Davis, 1999).
164
Domesticar la incertidumbre en América Latina políticas de focalización y privatización, los programas sociales se descentralizaron y municipalizaron, así como se incorporaron mecanismos de mercado en la asignación de los recursos. En lugar de financiar la oferta de los servicios, se comenzó a subsidiar la demanda (por ejemplo mediante vouchers para la compra de servicios educativos privados). Finalmente, se creó un sistema de pensiones de capitalización individual administrado por operadoras privadas y un sistema privado de salud para las familias con capacidad de pago (Raczynski, 2002)16.
La dictadura militar revolucionó el modelo social y económico que hasta ese momento había buscado emular a la Europa continental, a la vez que lo reemplazó por otro, netamente liberal, que tenía a Estados Unidos como principal referente (Tironi, 2005). Este cambio de paradigma dio lugar a una sociedad dina-mizada por la competencia y el manejo, principalmente individual y mercantil de los riesgos, desplazando el manejo colectivo previo.
Desde el punto de vista macroeconómico, la experiencia chilena fue exitosa: entre 1986 y 1990 la economía creció a un promedio anual del 6.5% y a un 16
En pensiones “La reforma provisional que fue positiva en varios sentidos… no se tradujo en un incremento significativo en el porcentaje de la fuerza de trabajo afiliada que cotizaba regular-mente al sistema, sino que aumentó los costos administrativos y después de las expectativas iniciales altas, arrojó dudas sobre el mejoramiento en el valor futuro de las pensiones (que dependía del comportamiento del mercado de capitales) y sobre el mundo de los recursos que el Estado debería destinar para cubrir la pensión mínima garantizada y el pago de las pensiones asistenciales” (Raczynski, 2002:127-8). Además, los fondos de ahorro individual impidieron la afirmación positiva, concretamente hacia las mujeres: dado que las mujeres viven en promedio más que los hombres, a igual monto total de cotización a lo largo de la vida, menor pensión. Esto introduce una discriminación porque, por ejemplo, ignora que la esperanza de vida no está solo definida por el sexo de las personas. Así, por ejemplo, mujeres pobres con esperanza de vida por debajo del promedio de las mujeres que habitan en el país, estarían subsidiando las pensiones de hombres de ingresos medios-altos con una esperanza de vida por encima del promedio de los hombres del país.
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promedio del 8.5% entre 1991 y 1993, ya bajo el nuevo gobierno democrático. El “milagro chileno” se reflejó en un ingreso anual por habitante que aumentó de US$2.520 en 1980 a US$3.000 en 1990.
Sin embargo, los hogares bajo la línea de pobreza pasaron del 17% en 1970 al 39% en 1990. En ese año, la indigencia fue del 1%, cercano al porcentaje total de la pobreza existente veinte años atrás. Se reflejó en la caída de los salarios: durante 19 años, entre 1970 y 1989, los salarios tuvieron un crecimiento casi nulo a partir de los ajustes unilateralmente definidos (Bravo, 2003), dado que solo de manera muy lenta se fue per-mitiendo la organización colectiva y sindical. La pobreza también fue producto del aumento del desempleo, el cual solo se revirtió a fines de los ochenta, a partir de la combinación de programas estatales dirigidos a com-batirlo así como del crecimiento económico.
Para hacer frente a las necesidades más apremian-tes, los sectores populares recurrieron a las estrategias familiares como la incorporación de las mujeres y los jóvenes al mercado laboral y a iniciativas grupales como los comedores populares (Raczynski, 2002). A las estrategias de sobrevivencia se sumaron las organizaciones comunales, las organizaciones no gubernamentales y las distintas expresiones del llamado tercer sector, orientadas a buscar soluciones colectivas frente a las situaciones sociales concretas. Durante la década de los noventa, muchas de estas iniciativas se articularían con los propios programas sociales estatales (Raczynski, 2002).
Mientras la sociedad de mercado se profundizaba, integrando a unos y excluyendo a muchos, “los indicadores de desarrollo humano (mortalidad infantil, esperanza de vida al nacer, alfabetismo y nivel de escolaridad de la población) continuaron mejorando, gracias a la existencia de los programas sociales de amplia cobertura y larga data que inculcaron en la población, el derecho y la importancia de acceder a estos programas, pese al deterioro en la calidad (infraestructura, 166
Domesticar la incertidumbre en América Latina sueldo del personal, insumos, etc.) al que se vieron sometidos y a la elevación en el costo directo para el usuario, de algunos de los servicios (salud principalmente)” (Raczynski, 2002: 127).
En 1988, un referéndum en el que el gobierno militar perdió, marcó el principio del fin de la dictadura17.
Comenzó así una compleja transición democrática marcada por la reconfiguración de las relaciones polí-
ticas en general, tanto entre civiles y militares como entre las distintas corrientes ideológicas expresadas por los partidos políticos. En diciembre de 1989 se celebraron las elecciones legislativas y en marzo de 1990 se reabrió el Congreso Nacional. Las elecciones nacionales de 1989 llevaron al gobierno a una coalición de centro-izquierda denominada “Concertación de Partidos por la Democracia” (Concertación), integrada por los demócrata-cristianos y los socialistas y liderada por Patricio Aylwin (Mesa-Lago, 2000). Había terminado una de las dictaduras más crudas de las que tuvieron lugar en esa época, en América Latina.
2.3 Legados: transición democrática y liberalismo social recuperado18
“Más allá del optimismo o del pesimismo, se pueden distinguir cuatro líneas de interpretación de esos años: las que ponen el acento en las continuidades perversas del período autoritario; las que analizan básicamente sus limitaciones, especialmente de índole política; las que ponen de relieve los dolores y angustias que ha traído consigo el esfuerzo modernizador de los 90; y, por último, aquella que no cansa de sorprenderse, con una mirada un tanto maravillada, de los efectos de los cambios en estos tiempos.” (Tironi, 2003:25).
17
El referéndum fue convocado en 1988 para admitir o rechazar el régimen del general Pinochet. Dado que la respuesta fue negativa, Pinochet no pudo presentar su candidatura a las elecciones presidenciales de 1989.
18
La noción de “liberalismo social” para caracterizar la situación chilena actual fue tomada de De Laire (2005).
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La actual arquitectura del bienestar en Chile es producto de la dictadura militar y de las sucesivas transformaciones introducidas desde 1990, en democracia y bajo los gobiernos de la Concertación. “Una de las áreas de consenso fundamental… tiene que ver con el mantenimiento de un modelo de desarrollo económi-co –al cual se subordina la política social– y la inviola-bilidad de los derechos de la propiedad, al tiempo que existe consenso parcial en torno a los temas ligados al intervencionismo estatal, la redistribución y las políticas para combatir la pobreza.” (Castiglioni, 2006:83).
En ese marco los cambios fueron graduales y no estructurales19 (Raczynski, 2002; Castiglioni, 2006).
Entre los legados de la coyuntura crítica destaca la precariedad de la restablecida institucionalidad democrática20. Las elites políticas buscaron reducir la incertidumbre frente a la fragilidad democrática, privilegian-do los acuerdos a la confrontación (Tironi, 2003). Así, la administración Aylwin (1990-199) y la oposición de derecha alcanzaron importantes acuerdos en materia tributaria y laboral. Esta política tuvo implicaciones para el abordaje del conflicto distributivo, reflejándose en el tipo y ritmo de las reformas laborales y sociales llevadas a cabo (Fernández, 2006; Raczynski, 2006).
Así, el retorno de la democracia consolidó el modelo socioeconómico instaurado bajo la dictadura militar, pero le dio una mayor legitimidad social (Tironi, 2003).
Además, a medida que la transición política avanzó, se 19
Las reformas estructurales son las que afectan el diseño de los programas en el nivel de los principios o de los instrumentos de la política. Como lo señala Castiglioni, son aquellas que “implican cambios significativos en la provisión de servicios, reglas de elegibilidad, niveles de beneficios, la redefinición de los roles del Estado y el mercado y el tipo de política social que se implementa (por ejemplo, sustituyendo un sistema de tipo universal por uno basado en la focalización).” (Castiglioni, 2006:77).
20
Uno de sus indicadores fue el amplio espacio político ocupado por las fuerzas armadas, después de la transición democrática, expresado en senadores vitalicios designados por estas.
168
Domesticar la incertidumbre en América Latina fueron introduciendo reformas que aumentaron los grados de desmercantilización en la educación, la salud y las pensiones. En atención a la precariedad democrática inicial y a la búsqueda de los acuerdos que permitieran la gobernabilidad, las medidas fueron primero tímidas y luego más contundentes, aunque siempre dentro de las reglas básicas, en particular, las macroeconómicas, definidas durante la coyuntura crítica.
Veamos en mayor detalle qué ocurrió en términos de mercantilización, desmercantilización y familiarización del bienestar en Chile.
2.3.1 Mercantilización: altos ingresos por habitante
muy desigualmente repartidos
El ingreso anual por habitante, que era de US$2.625
en 1990, hacia mediados de los noventa era de casi US$5.000 por habitante, la productividad laboral había aumentado a un promedio anual del ,1% y el empleo y los salarios reales habían crecido a un promedio anual del 2,6% y de ,8% respectivamente (Drake y Jaksic, 1999). Comparado con el estancamiento experimentado durante los 19 años previos y aunque mostró diferencias importantes según los niveles de calificación, el aumento en los salarios fue muy significativo (Bravo, 2003).
El gráfico .3 muestra el comportamiento del PIB, de la pobreza y de la desigualdad. Mientras el ingreso por habitante aumentó de manera sostenida, la reducción de la pobreza fue notable: pasó del 0% en 1987 a menos del 30% cinco años después en 1992; menos del 20% en 1998 y al 16% en el 2003. Pese a la estabilidad y al crecimiento económico, la desigualdad se mantuvo constante, tal como lo registran los coeficientes de Gini de 0.55 en 1990, 0.56 en el 2000 y 0.55 en el 2003.
La permanencia de la desigualdad está asociada a varios factores. Entre estos el desempleo; este ha con-tinuado siendo alto, alcanzando los dos dígitos en algunos años. La alta inestabilidad del trabajo asalariado, Segunda parte • Hallazgos
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especialmente en el nivel educativo medio bajo y bajo, es un segundo factor explicativo (Raczynski, 2006).
Tercero, resulta del efecto estratificador de las políticas sociales, al establecer estas una clara diferencia entre quienes pueden (y por lo tanto deben) acceder a los servicios a través del mercado y quienes no pueden y por lo tanto, acceden a los servicios públicos.
gRáFiCo .3
Chile: evolución del piB por habitante y de distribución del ingreso y la pobreza, 1990-2005
Fuente: CEPAL, 2007.
Al igual que en la región en su conjunto, destaca el continuo incremento de la participación femenina en el mercado laboral, que pasó del 28% en 1992 al 36% en el 2002. Aún así, esta presencia es considerablemente menor que en varios de los países latinoamericanos, donde esta supera el 50%. Como lo señalamos en los capítulos 2 y 3, a excepción de Uruguay, en América Latina la PEA femenina es mayor en países con menor desarrollo humano, como por ejemplo en El Salvador, Perú o Bolivia (todos con régimen de bienestar informal-familiarista).
170
Domesticar la incertidumbre en América Latina 2.3.2 Asignación colectiva de los recursos: continuidad
y mayor solidaridad
“La hegemonía de las posiciones ideológicas que promueven una acentuada presencia del mercado en la provisión de los servicios sociales han llevado al mantenimiento y, en algunos casos, a la reforma moderada de la política social.” (Castiglioni, 2006:8).
Los cambios laborales y sociales se orientaron a
“perfeccionar el modelo heredado del gobierno militar, procurando al mismo tiempo no sólo reducir los crecientes niveles de pobreza y desigualdad imperantes, sino también mejorar los niveles de acceso y la calidad de los servicios sociales” (Castiglioni, 2006:69). Durante la primera administración democrática (Aylwin 1990-199) se fortalecieron las funciones de planificación y regulación pública, en particular en materia laboral. Por ejemplo, se establecieron pactos sociales para regular los mercados laborales a partir de un reestablecimiento de los derechos de los sindicatos y trabajadores21. Por otro lado, dentro del marco del paradigma residual previo, aumentó considerablemente la inversión y la densidad de las medidas, especialmente de aquellas destinadas a la población más pobre (Arellano, 200).
Durante el período se produjo un considerable aumento del gasto social por habitante: este se vio casi duplicado. Desagregándolo por sectores, el gasto social por habitante aumentó en todos menos en vivienda (ver el gráfico .). En educación, por ejemplo, durante el primer quinquenio de los noventa, el gasto creció en un 53% en términos reales (Arellano, 200).
El gasto social (en particular los subsidios monetarios) se caracterizó por su progresividad (Arellano, 200). La política social se orientó hacia el desarrollo del capital humano, principalmente mediante la inversión 21
Incluyó la regulación de las condiciones laborales mínimas y protecciones contra los despidos.
Segunda parte • Hallazgos
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en educación y salud. “La asignación de recursos al sector educación por parte del Estado y por las familias no solo fue muy importante sino que fue creciente. Los recursos públicos fueron asignados con un claro criterio de progresividad, favoreciendo principalmente a los niños de hogares de menores ingresos. Esto se tradujo en aumentos de cobertura, en menor repitencia y deserción y en mayor permanencia en la escuela durante una jornada extendida. Al mismo tiempo, las rentas de los docentes se elevaron marcadamente, superando la situación de abandono y de desinterés por ingresar a la carrera docente que se había generado en los años 80” (Arellano, 200:23).
gráfico .
Chile: evolución del gasto público social por habitante, 1990-2003
Fuente: CEPAL, 2007.
En salud, el Plan de Acceso Universal y Garantías Explícitas de Salud (AUGE) fue una de las reformas de mayor envergadura. Esta tuvo lugar durante la administración de Lagos (2000-2006) y se propuso 172
Domesticar la incertidumbre en América Latina garantizar la atención de un conjunto de patologías, entre todas las personas beneficiarias del sistema de salud, fuera público (a través del Fondo Nacional de Salud, FONASA) o privado (ISAPRES). Este plan comenzó a operar en el 2002 con tres enfermedades, se ha extendido gradualmente y alcanzará 57 patologías en el 2007 (Castiglioni, 2006). En este y otros casos, varios de los componentes solidarios no fueron apro-bados. Sin embargo, se puede hablar de una tendencia a amortiguar algunos de los efectos más regresivos e inequitativos de las reformas de la década previa.
La descentralización y la privatización, sin embargo, atentan directamente contra el acceso a los servicios universales de salud, vivienda y educación. Las desigualdades en el empleo y los ingresos continuaron trasladándose a los seguros de salud y vejez: la pérdida temporal o permanente del empleo atenta directamente contra la atención médica, especialmente en el trata-miento de segundo y tercer nivel y contra el acceso a una pensión contributiva, completamente sujeta al nivel de ingresos (PNUD, 2000). Bajo el régimen de capitalización individual, una importante parte de la población no ha consolidado ni consolidará derechos:
“Una proporción importante de los afiliados… no apa-recen como cotizantes. Otros no van a lograr cumplir los 20 años para alcanzar la garantía estatal de la pensión mínima. Y por último, hay quienes cumpliendo los 20 años no tendrán los ahorros necesarios para dicho objetivo.” (PNUD, 2000:3).
La desigualdad se expresa en otras áreas de la vida cotidiana, como la vivienda, la segregación urbana, la inseguridad, el acceso a servicios municipales y el tiempo destinado a traslados, esperas para trámites y consultas médicas.
En el balance, las brechas disminuyeron en áreas en las cuales el país ha tenido políticas públicas de amplia cobertura: educación básica; control y atención de embarazadas; control y entrega de alimentos a niños menores de seis años; y subsidios para adquisición de Segunda parte • Hallazgos
173
vivienda social (Raczynski, 2006). Las “nuevas brechas”
se vinculan a diferencias en la calidad de los bienes y servicios a los que acceden los estratos más altos y más bajos, tales como la calidad y el tamaño de la vivienda, la calidad de la educación y la calidad de los servicios de salud (Raczynski, 2006).
2.3.3 Familias y comunidades: haciendo frente a la
reducción del Estado
Muchos de los cambios registrados en las familias durante el período, reflejan procesos de larga duración.
Por ejemplo, los hogares biparentales tradicionales disminuyen al incrementarse los hogares con parejas convivientes y de personas solas; las familias tienen cada vez menos hijos/as; la proporción de niños/as que nacen fuera del matrimonio ha aumentado y supera actualmente la mitad de todos los nacimientos; y las mujeres continúan integrándose cada vez al mercado laboral (Tironi y otros, 2006).
Pese a los esfuerzos por fortalecer la presencia de la política social en la vida de los chilenos y las chilenas,
“desde fines de los años 70 se ha producido un retiro del Estado como instancia de protección y promoción social, y una transferencia creciente de esa labor al mercado. Esto