“En Ecuador la vida cotidiana es muy inestable. No tienes crédito seguro, las instituciones se caen. Hay un entorno de incertidumbre generalizado...” (Herrera, 2006) De acuerdo al análisis presentado en el capítulo previo, Ecuador tiene un régimen de bienestar informal-familiarista: alta informalidad del mercado laboral y centralidad del mercado laboral transnacional, debilidad del Estado en la creación de capacidades y mayor presencia relativa de familias extensas.
Ecuador ocupa el 12º lugar en materia de desarrollo humano en América Latina. Ilustra un régimen de bienestar que combina un paradigma individual y mercantil del manejo del bienestar, una realidad que difícilmente permite alcanzarlo y un pasado no tan lejano en el que la población tenía mayores expectativas acerca del manejo colectivo de los riesgos. Lo anterior porque en el pasado, el Estado hizo efectivamente esfuerzos por atender las demandas sociales. Si bien estuvieron segmentados y claramente diferenciados según las regiones, la etnia y la clase social, el éxito primero bananero y luego petrolero se reflejó en una multiplicidad de programas públicos y estuvo acompañado por una expansión en el Segunda parte • Hallazgos
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reconocimiento de los derechos. El modelo desarrollista y la modernización truncada que este alcanzó, produjeron una arquitectura del bienestar caracterizada por altas expectativas con respecto al papel del Estado, así como accesos clientelares diferenciados según la relación de la población con el poder político. Cuando este llegó a su fin, lo hizo de manera abrupta, dejándole a la población pocas opciones más que aquellas altamente familiarizadas, para salir adelante. Y desde entonces, la inestabilidad política no ha hecho sino agudizar y ser agudizada por las difíciles condiciones sociales.
3.1 Herencia: integración “desde arriba”
En Ecuador la crisis del régimen oligárquico ocurri-da en la década del treinta, dio lugar a una incorporación “desde arriba” de las demandas sociales y laborales en la arena política, de quienes hasta entonces, no podían votar: la población analfabeta, afroecuatoriana e indígena. Al igual que en toda América Latina, la incorporación de quienes no habían sido escuchados puso en cuestión al régimen oligárquico (De la Torre, 2006). Pero a diferencia de otros países de la región, a partir de 193, la transformación se produjo por la vía institucional, con la llegada al poder del movimiento liderado por José María Velasco.
Desde el gobierno, las elites promovieron un proyecto de asimilación de la población indígena basado en la idea que la educación modificaría los comportamientos. Se promovió una ideología nacional del mes-tizaje que impulsaba la incorporación “desde arriba”
de la población indígena, sin necesariamente reconocer las diferencias culturales (Clark, 2000). Este modelo, caracterizado como nacional-popular y estatista, promovió un progresivo reconocimiento de los derechos para la población indígena, de espacios para la participación de sus organizaciones y de acceso a los recursos públicos que perduró hasta fines de los setenta e inicios de los ochenta (Tanaka, 2006).
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Domesticar la incertidumbre en América Latina Durante esa década, Ecuador experimentó una notoria estabilidad económica y política, basada en la exportación de banano al inicio y luego de petró-
leo. La política económica apuntó a la sustitución de importaciones y al aumento del consumo del mercado doméstico. La bonanza económica permitió que una política desarrollista y planificadora incluyera a los sectores populares y alterara la estructura del poder en manos de los terratenientes (en la sierra) y agro-exportadores (en la costa) representados respectivamente por dos partidos históricos, el liberal y el conservador (Vásconez, Córdoba y Muñoz, 2005). En contrapunto con la historia posterior, entre 198 y 1961 existió competencia electoral, legitimidad constitucional y alternancia en el poder entre varios partidos y líderes políticos (Martz, 1997; Conaghan y Espinal, 1990).
Esta situación estuvo alternada por gobiernos militares reformistas22 (1963-1973 y 1972-1979). Básicamente continuaron con la política pública desarrollista pero aumentaron considerablemente la inversión social que fue característica de todo el periodo (Clark, 2000).
De la mano del auge petrolero, se impulsaron polí-
ticas públicas diversas, en particular de subsidio al sector industrial y de expansión de los servicios sociales de educación, salud y vivienda (Clark, 2000). Estas políticas fueron producto de presiones provenientes de distintos sectores de la sociedad y conllevaron un dise-
ño de acciones contra demanda, muchas veces disper-sas y sin criterios de selección. Con distintos alcances, la reforma agraria se realizó en 196 y 1973 y estuvo acompañada de programas de salud, educación, seguridad social e infraestructura. Con esta se promovió el derrumbamiento de la hacienda tradicional y de todo un sistema de dominación étnica (Conaghan y Malloy, 199) así como contribuyó a un gran desarrollo de las 22
Los sectores que habían sido favorecidos por el velasquis-mo contrastaban con aquellos que denunciaban el creciente malestar social y que fueron liderados por estos militares.
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organizaciones sociales, en particular las indígenas23, a través de asociaciones, cooperativas y organizaciones de mujeres, entre otras, especialmente en el nivel local (Clark, 2000).
Los programas expandieron la presencia de una asignación colectiva de los recursos en la población previamente excluida, especialmente la rural e indígena de los Andes (Barsky en Yashar, 2005). Aumentó el número de escuelas primarias y la matrícula primaria, disminuyó la mortalidad infantil, se controlaron enfermedades infec-ciosas, se facilitó el acceso a las clínicas, en suma, las condiciones de salud mejoraron durante esos años (Jara en Conaghan, 2005). Aunque las brechas urbano-rurales perduraron y la calidad de los servicios fue muchas veces deficiente debido a la falta de insumos (como libros o medicinas), el período marcó claramente una transformación que pasó de la ausencia a la presencia del Estado en la vida de la población rural del país.
La riqueza petrolera permitió al Estado atender demandas sociales tales como la construcción de infraestructura, la electrificación, el transporte, la salud y la educación. Producto de la expansión de la política pública, hacia mediados de los años setenta, la población ecuatoriana había aumentado 10 años su esperanza de vida; la tasa de mortalidad infantil había disminuido en un 0% y la cobertura de la educación primaria había alcanzado prácticamente a todos los niños y las niñas del país (Clark, 2000). En términos de la estructura social, los cambios económicos favo-recieron la consolidación de un nuevo empresariado y la expansión de los sectores medios.
Pero la buena época pronto llegó a su fin. Para 1975 los precios del petróleo se habían estabilizado, 23
La población indígena se integró al proyecto modernizador en tanto campesinos. Paradójicamente, el incentivo a la creación de organizaciones de base comunitaria fortaleció las comunidades, en tanto eran las reconocidas legalmente para demandar acceso a los recursos como la tierra o el crédito (Conaghan, 2005).
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Domesticar la incertidumbre en América Latina la inversión pública –en particular los subsidios a la industria– a menudo se financió con endeudamiento externo (Clark, 2000), y pronto se generó el desequilibrio macroeconómico que en la década de los ochenta colocó a Ecuador bajo la supervisión de los organismos internacionales, dando inicio a una coyuntura crítica, de la cual, es discutible que el país haya salido.
3.2 Coyuntura crítica: desmoronamiento y perplejidad
El pasaje del modelo de sustitución de importaciones a uno de apertura y promoción de las exportaciones tuvo lugar a fines de los ochenta y este fue radical.
Desde el fin del auge petrolero que fue de la mano del ajuste estructural, desde 1982 la economía ecuatoriana estaba experimentando cambios importantes (Coraggio y otros, 2001). Sin embargo, las divisas petroleras pos-pusieron la crisis fiscal y fue recientemente, en 1999, cuando mostró su peor cara (Vásconez, Córdoba y Muñoz, 2005). Junto con el fenómeno del Niño, la crisis llevó a un descontrol de factores macroeconómicos como el déficit fiscal y la inflación (Vásconez, Córdoba y Muñoz, 2005 e ILDIS, 2003). Las altas tasas de desempleo, la expansión del sector informal, el cierre de fábricas, la disminución de los salarios reales y la creciente desigualdad golpearon con enorme violencia a los sectores medios y bajos (Clark, 2000) generando además, un acelerado aumento en la concentración de la riqueza (Acosta, 2005).
El viraje en las condiciones económicas y sociales fue acompañado de una generalizada perplejidad ciudadana. No era para menos, en sólo cuatro años, entre 1995 y el 2000, el producto interno bruto por habitante se redujo en más del 30%, dando lugar a uno de los empobrecimientos más acelerados de América Latina.
El desempleo, el subempleo, la caída de la inversión social, el aumento de la desigualdad y de la pobreza, las denuncias de corrupción y la pérdida de confianza Segunda parte • Hallazgos
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en el rumbo del país, impulsaron el movimiento migratorio más fuerte de la historia ecuatoriana, la “estampida migratoria” (Ramírez Gallegos y Ramírez, 2005).
Esta situación fue paralela a una ampliación de la participación ciudadana. En 1986, el movimiento indígena se había unificado en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE)2.
Cuando la inversión pública se paralizó, estas organizaciones se movilizaron y reclamaron conjuntamente con los sindicatos del sector público (Clark, 2000). En 1990 hicieron frente a la privatización de la seguridad social y en 199 renegociaron una ley de reforma agraria. Dado que la reforma constitucional de 199 rompió el monopolio de la representación de los partidos polí-
ticos, en 1996 el movimiento Pachakutik ingresó en la arena político-partidaria y ganó 7 de cada 10 contiendas de las que participó (Conaghan, 2005). Finalmente, en gran medida debido a la presencia del movimiento indígena, una nueva reforma constitucional de 1998
avanzó en el reconocimiento de los derechos de esta población, históricamente excluida (Tanaka, 2006).
Pero la extraordinaria participación de los actores no tradicionales, en particular del movimiento indíge-na, no fue el único rasgo sobresaliente de la coyuntura crítica. También lo fue la presencia de los partidos frágiles con débiles lealtades25 (Conaghan, 2003). Se produjeron fragmentaciones y divisiones de un sistema político hasta entonces relativamente estable. Además, en sólo nueve años (entre 1996 y 2005), Ecuador tuvo 2
Permitió dar un salto cualitativo al agrupar a las dos grandes organizaciones regionales, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENAIE) y la Ecuador Runacupanac Riccharimui o despertar de los indígenas ecuatorianos (ECUARUNARI).
25
El país tiene cuatro principales partidos, los cuales, desde 198 se han alternado el poder: Social Cristiano, Roldosista Ecuatoriano, Izquierda Democrática y Democracia Popular (Tanaka, 2006).
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Domesticar la incertidumbre en América Latina tres presidentes electos y ninguno completó su período constitucional dado que abdicaron o fueron derroca-dos26. Desde la calle, a través de manifestaciones y/o del retiro del apoyo del Congreso, uno tras otro cedieron su lugar a otro líder carismático que poco tiempo después corrió la misma suerte. Pero tal vez, precisamente por su propia fragilidad, la recuperación democrática conllevó una ampliación de la participación político-partidaria y de la sociedad civil, la cual se reflejó en el ingreso a la arena pública de nuevos actores.
Este escenario de ampliación de demandas y de débil institucionalidad hizo del cambio del modelo económico, un proceso muy traumático. Después de varias décadas de articulación entre los sectores populares y la política pública, la conflictividad social llevó a enfrentamientos entre autoridades y organizaciones, principalmente indígenas, trabajadores y estudiantes.
Mientras el gobierno defendía intereses de los grupos económicamente más poderosos, la participación de la sociedad civil fue más allá de lo esperado. En el 2000, líderes y miembros de la CONAIE junto con los militares de rangos medios, tomaron el Congreso y provocaron la caída del presidente Jamil Mahuad, quien fue reemplazado por Gustavo Noboa, el que a su vez, tres años después, cayó para dar lugar a Lucio Gutiérrez que llegó al poder con el apoyo de Pachakutik, estuvo dos años en el gobierno y luego tuvo que exiliarse, que-dando en su lugar el entonces vicepresidente Alfredo Palacio (De la Torre, 2006). Paradójicamente estos presidentes fueron apoyados y derrocados, de manera directa o indirecta, por las organizaciones sociales.
¿Ha llegado la coyuntura crítica a su fin? Muchos analistas consideran que no. La inestabilidad económica y política persiste, como producto de los cambios enu-merados más arriba, pero hay en el país, nuevos arreglos 26
Bucharam en 1997, Mahuad en el 2000 y Gutiérrez en el 2005; ninguno de los tres logró terminar su respectivo mandato.
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establecidos que influyen fuertemente en el manejo de los riesgos y que se sintetizan a continuación.
3.3 Legados: participación colectiva y búsqueda de salidas individuales
En los últimos años, el país se ha caracterizado por el desencuentro entre la explosiva participación ciudadana y sus demandas sociales por un lado, y el ajuste de la economía, por el otro. Esta tensión ha tenido costos altos para la institucionalidad democrática: entre 1996 y el 2001 el país tuvo el nivel más bajo de confianza en las instituciones democráticas como el Congreso y los partidos políticos (Tanaka, 2006), pero también de desencanto y pérdida de confianza en el país en general. La principal expectativa de la población ecuatoriana parece ser la discontinuidad política y de las políticas (Vásconez, Córdoba y Muñoz, 2005).
No faltan razones: la inestabilidad ha sido transversal a las distintas prácticas de asignación de los recursos en el país. Frente a esta, una respuesta fundamental ha sido la salida de miles de personas del país.
¿Qué ocurre en términos de mercantilización, desmercantilización y familiarización?
3.3.1 Mercantilización transnacional:
la explosión de la “salida”
En Ecuador los bajísimos ingresos reflejan el impacto de la crisis económica de fines de los noventa, que afectó tanto a los sectores medios como a los de bajos ingresos. Además de la caída del poder adquisitivo, la crisis aceleró la quiebra de pequeñas empresas y los respectivos despidos (ILDIS, 2003). En los dos últimos años de la década, el ingreso por habitante había caído en un 9% y la pobreza y la indigencia aumentado en un 50% (Coraggio y otros, 2001). A comienzos de este siglo, el país experimentó una ligera recuperación reflejada en un aumento del producto interno bruto y 182
Domesticar la incertidumbre en América Latina en la demanda de los bienes y servicios. Pero la recuperación fue frágil, las remesas y el alza en los precios del petróleo son los principales responsables exógenos de dinamizar la economía (ILDIS, 2002).
El mercado laboral ecuatoriano se caracteriza por la precarización, la informalidad y la segmentación. La proporción de trabajadores/as asalariados/as es poco más de la mitad y un tercio de la población ocupada desempeña un trabajo independiente no calificado. No se crea empleo formal, aumenta más el empleo informal y este es el que define la pauta en los vaivenes del desempleo y del subempleo (Martínez, 2006). Entre enero de 1998 y julio del 2003, el trabajo informal creció del 29% al 33%; la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y con contrato permanente cayó del 52% al 2%, y la población con contratos temporales y sin afiliación a la seguridad social aumentó del 16% al 21% (Vásconez, 2005). Existe un desempleo por encima del 10%, pero lo que prima es un 50% de subempleo (Jácome, 2006).
La población femenina económicamente activa entre 15 y 6 años es la más alta de los cuatro países considerados (0.3%). Las mujeres tienen una máxima presencia asalariada en general y en particular, en el sector público. Paralelamente a una reducción de la brecha en los niveles educativos entre los hombres y las mujeres, la brecha en los ingresos, es decir el retorno educativo, ha aumentado (Ponce y Martínez, 2005).
Actualmente se ubica en un nivel intermedio, menor que Chile, aunque mayor que Costa Rica y Nicaragua.
¿Cómo la población hace frente a los cambios y a la inestabilidad? Básicamente con la elasticidad en el trabajo de las mujeres y con la movilidad del trabajo de los hombres y las mujeres. Una parte importante de los ingresos actuales depende del mercado laboral transnacional. Si bien, la emigración ecuatoriana es de larga data, tuvo un pico a finales de los noventa (Carrillo, 2005). A partir de 1998, 12 de cada 100 ecuatorianos/
as emigraron del país (Herrera, 2006) y en sólo 5 años, Segunda parte • Hallazgos
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entre el 2000 y el 2005 emigraron más de un millón de personas (Acosta, 2005). La emigración se convirtió así en la principal válvula de escape a la crisis económica, se acentuó con la dolarización y, de hecho, al igual que en El Salvador (aunque complementado por las divisas petroleras) las remesas hicieron posible la dolarización (Acosta, 2005).
Las remesas aportan divisas equivalentes al conjunto de las exportaciones de café, cacao, bananas, atún y pescado. Un millón de personas, es decir, el 1% de la población adulta las recibe. Alcanzan un promedio mensual de US$175 a US$150 por hogar, según los estudios y se concentra en los hogares que obtienen, a partir de otras fuentes de ingresos, un promedio de US$500 mensuales. Estas remesas se destinan principalmente al consumo básico, construcción o mantenimiento de la vivienda, artículos del hogar, educación, pago de endeudamiento para el viaje y acceso a productos previamente considerados como suntuarios (FOMIN y FLACSO en Carrillo, 2005).
Con el aumento de la población emigrante cambió también su perfil y su destino. Si antes era principalmente rural, se volvió igualmente urbana; si antes era principalmente masculina, ahora se distribuye en similar proporción entre hombres y mujeres; si antes las mujeres generalmente emigraban para reencontrar a sus parejas, ahora también son las primeras en emigrar, incluso dejando en el país a sus hijos/as de manera temporal, ellas son activas generadoras de remesas. Si antes eran principalmente personas de escasos recursos, ahora los emigrantes diversificaron su composición socio-econó-
mica. Si antes el principal destino era Estados Unidos, ahora incluye fuertemente a Italia y a España.
3.3.2 Familias: presión y recomposición Frente al retiro del Estado y las “fallas” del mercado, el manejo de los riesgos ha sido crecientemente familiarista. Una parte importante de la población, entre la que 184
Domesticar la incertidumbre en América Latina se va y la que se queda, ha frenado el vertiginoso deterioro de las condiciones sociales con las remesas, las cuales permiten o al menos facilitan, mayores grados de mercantilización del bienestar. Las familias funcionan como “unidades de sustentación” de los procesos migratorios, pues factores como los recursos disponibles, la estructura familiar y la etapa en que esta se encuentra, influyen en la forma y en las estrategias que asume la emigración (Valdivieso, 2001:101).
Más allá del problema laboral, otros son los factores que inciden fuertemente en la decisión de emigrar (Acosta, 2005; ILDIS, 2003). En un escenario de inestabilidad política, psicológica y social, el país se tornó un escenario poco atractivo e inseguro para desarrollar proyectos de vida. La población experimentó la crisis
“como una drástica reducción del marco de oportunidades para la producción de los planes de vida...
Y como un espacio para la innovación de estrategias familiares para la reproducción social y de subsistencia” (ILDIS, 2003:9). La emigración pasó de ser un proyecto individual, a convertirse en una estrategia de supervivencia colectiva.
Los cambios asociados a la inserción laboral de las mujeres y a la emigración de hombres y mujeres, tienen efectos importantes en la organización de las familias que solo se están comenzando a abordar. Sabemos que la dinámica migratoria crea una oportunidad de cambio en los papeles asignados por género tradicionales: en un 66% de los hogares, son las mujeres quienes reciben las remesas y quienes frecuentemente las acompañan con su propio trabajo remunerado. Sabemos que la dinámi-ca migratoria ha aumentado el trabajo femenino considerablemente: la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados que se deja atrás, se reparte entre otras mujeres de la familia; los nuevos papeles de generación de ingresos conllevan al desempeño simultáneo de tareas fuera y dentro del hogar; y los papeles de género tradicionales tienden a restablecerse cuando se produce la reunificación familiar (Castello, 2006; Herrera, 2006).
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Entre las familias afectadas por la emigración, hay consenso de que esta trae mejoras en las condiciones económicas, a la vez que consideran que todo lo demás es negativo y que la emigración no debería de existir (Castello, 2006). Estas familias se distinguen entre las que tienen vínculos transnacionales relativamente consolidados (en términos de remesas, comunicación y visitas periódicas) frente a las que tienen una alta inestabilidad en estos vínculos y las que están en proceso de reunificación. Dada la alta proporción de emigrantes, estas dinámicas tienen un alcance general en la sociedad: mal que bien, todas las personas son protagonistas directas o indirectas de esta situación (Herrera, 200b en Prieto, 2005).
Pero no todas las familias con personas emigrantes reciben remesas. Quienes las reciben suelen tener una percepción más positiva de la emigración. Quienes no, las relacionan con la descomposición familiar y social.
Para las primeras, las remesas tienen un valor sentimen-tal además del monetario; muestran que las/los familiares que emigraron no les olvidan (Herrera y Martínez, 2002). Para las segundas, los efectos de las remesas solo se ven cuando se invierten a nivel colectivo, al invertirse en servicios comunales. Si bien no es una regla, hay experiencias de utilización colectiva, por ejemplo se registran casos en que las remesas han contribuido a tender el alambrado eléctrico, a construir el alcantarillado, mercados e iglesias y a embellecer la ciudad.
La emigración es una dinámica fuertemente familiar, no comunitaria, y con frecuencia produce competencia entre las familias de emigrantes, por ejemplo, por el cuido de las casas de los/as emigrantes (Martínez, 2006). Hay excepciones como la asociación Rumiñahui que surgió en Madrid y que reúne a unos 200 miembros de Quito. Esta asociación ofrece servicios de apoyo fundamentales para la comunicación, la autoayuda y el cuidado de niños/as para hacer los deberes escolares, además hace incidencia política en materia migratoria a ambos lados del Atlántico 186
Domesticar la incertidumbre en América Latina (Castello, 2006). Sin embargo, su papel en la asignación colectiva de los recursos es puntual e incluso, la organización se financia con la venta de servicios y no con las propias remesas. Tampoco hay una política pública que canalice las remesas hacia objetivos productivos o distributivos. Para que tenga sentido el uso productivo de las remesas, es necesario crear condiciones: “los campesinos no serán economistas pero saben lo que les conviene...” (Martínez, 2006). Sin embargo, en esta materia, hay un vacío del Estado y una relativa presencia de las ONG y de organismos multilaterales como el Banco Mundial.
3.3.3 Política social: de poco a casi nada El país experimenta una transición demográfica plena, con un descenso de la mortalidad y la fecundidad, que se reflejan en un incremento del peso relativo de los jóvenes adultos y todavía ligeramente, de las personas adultas mayores (Egüez, 2005). Tiene por delante el bono demográfico aunque, lejos de aprove-charlo, lo está exportando. La asignación colectiva de los recursos enfrenta serias limitaciones en la oferta aunque también en la demanda, y de hecho, el desencuentro entre las crecientes necesidades sociales y la respuesta gubernamental ha estado en el centro de las débiles lealtades electorales, efímeras identidades partidarias y la alta inestabilidad institucional.
Del lado de la oferta, si bien en los años noventa hubo una recuperación de la inversión social por habitante, enseguida volvió a caer (ver gráfico .5). Además, en comparación con la situación previa a la coyuntura crítica, el Estado redujo su participación. Al 2003
Ecuador invertía por persona US$131 por año, menos incluso que Bolivia y Paraguay, países del subgrupo más informalizado con regímenes familiaristas, como se describió en el capítulo previo. El gasto actual es progresivo y pro-pobres: los servicios universales en los hechos, aunque no necesariamente en el papel, redujeron su presencia. Los programas focalizados aumentaron su Segunda parte • Hallazgos
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presencia pero son completamente insuficientes para frenar el empobrecimiento y atender tanto las numerosas demandas sociales históricas como las producidas recientemente por la crisis (León, 2003).
gRáFiCo .5
ecuador: evolución del gasto público social por habitante, 1990-200
Fuente: CEPAL, 2007.
Entre los principales programas focalizados destacan dos: el Bono de Desarrollo Humano (BDH, inicialmente Bono Solidario) y el Programa de Alimentación y Nutrición (PANN 2000). Los principales programas universales son el Programa de Maternidad Gratuita y Atención Infantil (producto de una ley de 199 reformada en 1998) y el Aseguramiento (a través de la Ley de Seguridad Social que reemplazó a la previa Ley de Seguro Social Obligatorio) (León, 2005), además del subsidio al gas que tiene actualmente mayor cobertura en los sectores medios que en los bajos. Como se analiza en el capítulo siguiente, existen serios problemas 188
Domesticar la incertidumbre en América Latina de cobertura y, sobre todo, en el caso de los programas focalizados, existe un alto grado de clientelismo en el acceso a los servicios.
Del lado de la demanda, hay dos factores importantes de mencionar. Por un lado, la crisis económica y los recortes fiscales han incidido en la abstención o limitación para utilizar los servicios públicos (Vásconez, 2005). Por ejemplo, existe la escuela, pero la matrícu-la escolar se ve afectada porque la familia no puede pagar el transporte. Por otro lado, el desencanto con el Estado perjudica la percepción que tiene la población de los servicios públicos. Especialistas consideran que, en muchos casos, tanto en materia educativa como en salud, hay más servicios que funcionan adecuadamente que los que percibe la población. “Hay la idea de que pagar 5 dólares por una visita al médico hará que el servicio sea necesariamente mejor...” (Herrera, 2006).
. niCaRagua
“La realidad es que las leyes sólo están en un papel, para los que gobiernan y para la capa social que está arriba las leyes no existen. Violentan las leyes y las cárceles están llenas de gente pobre, mientras ellos se roban millones de dólares y se van tranquilamente y ni los siguen, ni los buscan…” (persona entrevistada, en Renzi y Kruijt, 1997:125)
De acuerdo al análisis presentado en el capítulo previo, al igual que Ecuador, Nicaragua pertenece a un régimen de bienestar informal-familiarista, solo que presenta características de este régimen en mayor grado: mayor informalidad del mercado laboral y centralidad del mercado laboral