Luchas Maricas y Derechos Humanos en América Latina by Juan Olivier Gomez Meza - HTML preview

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La Conferencia Episcopal decide cerrar Radio María, lo cual se realiza el 30 de

mayo de 2001. Un mes después, los seguidores de Calvo protestan en la vía pública,

exigiendo la reapertura de la estación radiotransmisora.

Parmenio Medina interpuso una acción judicial para que se reabriera su

programa. La Sala Constitucional falló el 22 de junio de 2001 a su favor, ordenando la

transmisión de La Patada hasta la conclusión del contrato que se había firmado.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica decide mantener una radioemisora en la

misma frecuencia de Radio María (100.3), rebautizándola como radio La Paz del Dial

(“Emisora católica del laico en Costa Rica” era su lema). Como dueña aparecía una

empresa denominada El Papiro Inversiones Sudamericanas.

Lo peor estaba por venir. El sábado 7 de julio de 2001, Parmenio Medina es

asesinado a 25 metros de su casa cuando llegaba del trabajo, por un asesino

profesional que lo acechaba (Véase por ejemplo Solano Montserrat, 2001 8 julio).

Tres meses después del asesinato, la policía judicial del país (Organismo de

Investigación Judicial, OIJ) había indagado a medio millar de personas pero aún no

tenía pistas. Sin embargo, el periodista asesinado había dejado documentación en

vídeo y por escrito de quiénes podrían querer matarlo, puesto que en las semanas y

meses previos había recibido llamadas telefónicas para amenazarlo. En estos

documentos, Medina apuntaba hacia el empresario, socio de Minor Calvo, dueño de

parte de Radio María, así como hacia el mismo sacerdote Calvo.

El hecho es que se dieron sentencias condenatorias, contra un sacerdote muy

popular y poderoso y su socio, un empresario privado. No obstante, el elemento

homoerótico ha quedado semi oculto en la opinión pública.

Iglesias y movimientos sociales militantes contra las personas GLBTT

Los movimientos políticos religiosos militantes son característicos de las

religiones que consideran disponer de una única verdad de acatamiento universal

obligatorio. El análisis de la participación religiosa militante en la política muestra los graves problemas que origina, especialmente a los sistemas políticos basados en

principios seculares y pluralistas, es decir, que mantienen la tolerancia religiosa,

ideológica y política. Según Richard Shultz y Willilam Olson92, una primera característica

de estos movimientos políticos es su posición de auto definirse como “dueños de la

verdad” de forma extremista, ya que “tienden a considerar que la autoridad del

gobierno es corrupta e ilegítima porque es secular”, en la medida en que el Estado no

siga total y cumplidamente todos los preceptos morales sociales que defiende ese

movimiento religioso.

Una segunda característica es la tendencia a sustituir al Estado a niveles locales

o regionales, en aquellos servicios sociales públicos, como la educación, la salud, la alimentación, que las políticas neoliberales han ido desmantelando. Las iglesias atacan

al Estado mismo al denunciar su incapacidad para ofrecer estos servicios, se

92 Shultz, Richard y William Olson, (1994 pp.9-10). Véase también Schwartz, Regina (1997)

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aprovechan de esos vacíos, constituyéndose en los agentes sociales de las oligarquías y

grupos de poder.

Para estos autores citados, una tercera característica de los movimientos

políticos religiosos militantes, como es el caso de la Iglesia Católica en Costa Rica, consiste en que,

3. Se adhieren a un conjunto particular de comportamientos y opiniones que

consideran que la autoridad política debe reflejar, promover y proteger en

todas las actividades gubernamentales y sociales. Esto significa, generalmente,

que el gobierno y todas sus actividades nacionales e internacionales deben

estar en manos de creyentes o sujetas a una supervisión estrecha por parte de

ellos.

Por ejemplo, en fecha tan reciente como el 6 de setiembre de 2010, la Iglesia

Católica envía a la legislatura costarricense un documento sobre la obligación de todo

legislador católico o creyente de esa fe, de oponerse a todo tipo de proyecto de ley de

regulación sobre las relaciones homoafectivas. También emplea el argumento del

rechazo mayoritario a las uniones homoafectivas y explica a la legislatura el contexto político nacional e internacional del caso:

Según algunos legisladores, los actuales proyectos de ley son, simplemente, un

reconocimiento de derechos patrimoniales y no la aprobación de matrimonios

entre homosexuales. Sin embargo, según la estrategia seguida por los grupos

promotores, asesorados por el movimiento internacional que favorece esta

materia, lo que hoy se solicita no es, sino, el primer paso para llegar al

matrimonio y la adopción, como, de hecho, ha sucedido en otros países (…)

(CECOR, 2010 6 setiembre).

Es que, tanto la Iglesia Católica como los movimientos políticos religiosos

militantes tienden a ser universalistas, sostienen Shultz y Olson. Se distinguen de los movimientos étnicos porque los movimientos religiosos tienden a considerar sus

opiniones como parte necesaria de todo ser humano. Por eso tienen motivaciones

trans estatales. En el caso de la Iglesia Católica, la pretensión, por parte de su jerarquía

y sacerdocio, es que todos los creyentes son, en primer lugar “ciudadanos” leales a Roma y en segundo lugar ciudadanos leales a algún país, por ejemplo Costa Rica. La

ciudadanía y la lealtad a la nación y al Estado de Costa Rica están subordinadas, para el

sacerdocio católico, a los intereses de la Iglesia Católica romana. Para los referidos Shultz y Olson,

Esto tiende a darles una motivación trans estatal, un factor que traduce sus

opiniones sobre la legitimidad de la autoridad política a un plano de acción más

amplia. Esto significa que en algunos casos las fronteras internacionales no sean

reconocidas como barreras para la propagación de la fe, incluso si esto significa

recurrir a la violencia. (p.9)

El quinto rasgo señalado por estos autores es su exclusivismo de toda opinión

opuesta a su visión del orden político y social adecuado. “Esto significa ciudadanía de

segunda clase para cualquiera que no sea creyente en una sociedad en la que

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predomine este tipo de perspectiva”. Lo cual también incluye violencia e intransigencia,

como indican Kegley y Wittkopf:

Los líderes de los movimientos religiosos extremistas militantes, están

convencidos de que quienes no comparten sus convicciones deben ser

castigados y que no puede aceptarse transigir en nada (Kegley y Wittkopf, 2001

p.220).

El carácter oficial de la Iglesia Católica en Costa Rica la ha envalentonado para

aumentar su poder político y de intervención directa en los poderes del Estado y las instituciones públicas, sobre todo con el auge del neoliberalismo que ha venido

satanizando y a la vez desmantelando o vendiendo, todo lo público y estatal. Las

intervenciones políticas del catolicismo en Costa Rica han sido muy evidentes y nocivas

en el caso de la lucha por derechos para las personas GLBTT.

Elecciones generales de 2010 y política GLBTT

Por la tendencia internacional de incremento e incidencia de las políticas GLBTT,

también los políticos costarricenses hacen el juego con la ecuación de ser progresistas y

apoyar las luchas por los derechos para estos grupos, o recurren a la ambigüedad o/y la

total oposición con extremas y dolorosas declaraciones de odio homofóbico.

Este es el caso de Oscar López, quien fuera diputado y candidato presidencial,

fundador del partido de reciente creación, PASE (Partido Accesiblidad sin exclusión),

que representa a las personas con necesidades especiales. Para este defensor de

personas discriminada, la gente gay lésbica debe ser excluida:

Comparar la lucha por una verdadera igualdad de oportunidades (…) de las

personas con discapacidad, los adultos mayores, los indígenas, y demás

sectores deprimidos socialmente, con la intención de aprobar la unión civil

entre personas del mismo sexo, es absolutamente ofensivo. (González Chen,

2009 23 de mayo).

Ya desde la campaña política en 2009, la entonces precandidata presidencial,

Laura Chinchilla fue vetada entre la comunidad GLBTT, por sus ambigüedades respecto

a las demandas de estos colectivos.

La actual presidenta desde entonces se mostró muy afín a los movimientos

cristianos más derechistas y conservadores, especialmente con la Iglesia Católica que la

apoya y la promueve: la declara hija predilecta de la virgen nacional y la somete a cumplir ceremoniales de investidura religiosa como máxima representante del pueblo

de Costa Rica. Es la Iglesia Católica la institución que mantiene en su poder el pabellón

nacional, la banda presidencial, que entregará debidamente bendecida a la presidenta

electa, para que se la coloquen en la ceremonia civil de toma de posesión. Es decir, esa

iglesia ahora realiza al menos parte de la legitimación del primer o primera mandataria

del país.

También los grupos evangélicos, muy activos ahora en política, mantienen

posiciones de homofobia extrema. Desde el inicio de la administración de la presidenta

Chinchilla, se empieza a marcar una posición de rechazo a las propuestas de la

comunidad GLBTT. La actual administración mantiene una política cruel de derechos

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humanos GLBTT. Al despreciar la temática gay como no relevante nacionalmente en su

agenda, falta a sus deberes y orienta a Costa Rica por la ruta de la eliminación de los

derechos humanos como criterios de validación política y jurídica. Pues ya la presidenta

piensa religiosamente, no políticamente. Utiliza fundamentos filosóficos alentadores de

odio y en los que la discusión se refiere a la lucha el bien y el mal, sobre superstición y

prejuicio, sobre los verdaderos y los no verdaderos, los correctos y los equivocados. La

presidenta sigue el pensamiento excluyente del catolicismo, en especial sobre los

temas GLBTT.

Durante la campaña electoral para el período presidencial 2010-2014, uno de

los principales activistas del Movimiento Diversidad, pedía no apoyar a Laura Chinchilla

pues, de ser electa, se estaría “(…) dando un paso equivocado para la historia del país y

de la región, contra los derechos humanos”. Así lo anunciaba Abelardo Araya:

Nosotros ya recibimos las respuestas de los precandidatos (…) y, en las

respuestas de Laura Chinchilla, ella y su tendencia contestan de manera muy

general y, además, nos manda al paredón del referéndum” (González Chen

2009).

Faltando un mes para que dejara el poder, finalmente Oscar Arias Sánchez se

refirió a las llamadas uniones homosexuales, afirmando apoyarlas. Estas declaraciones

fueron muy convenientes para quienes se encargan de promover la imagen

internacional el señor Arias Sánchez, quedando en el récord como apoyando estas

uniones. Sin embargo, Arias Sánchez no había impulsado esas mismas propuestas

cuando tuvo el poder, en los tres años y diez meses anteriores. El silencio previo y posterior de Arias Sánchez fue interpretado como dirigido a evitar un enfrentamiento

con la Iglesia Católica (que de todas maneras lo desautorizaba públicamente) y para no

perjudicar la campaña electoral de su candidata a la presidencia, Laura Chinchilla.

El problema del político católico: ¿servir a la iglesia de dios o al pueblo?

La Iglesia Católica exige realizar una tutela política a todas las personas que se

declaren miembros suyos y que ocupen puestos públicos. En Costa Rica la Iglesia

Católica instruye a los miembros de los poderes de la República, para que por sobre

toda otra consideración defiendan la enseñanza que dicta Roma. Tal el caso de las

exigencias del jerarca Ratzinger a “todo político católico”, específicamente a quienes

ocupen curules en las cámaras legislativas, sobre el tema de los matrimonios, uniones

civiles, o derechos, a personas GLBTT. La indicación es que se trata de prevenir la

aprobación un texto legislativo tan nocivo del bien común de la sociedad (…) es un acto

gravemente inmoral (Ratzinger Joseph, 2003). El llamado “legislador católico” debe oponerse por todos los medios a cualquier reivindicación GLBTT.

El gobierno de Costa Rica es consecuente, antepone el interés de la Iglesia

Católica al interés nacional del país. O como decía el representante de la Iglesia, la constitucionalidad del estado costarricense está anclada en el magisterio de Roma93. En

este sentido, la “falta de interés”, el “no tengo ningún apuro por las cuestiones GLBTT”,

93 Se trata, por lo demás, de un gobierno extranjero (¡!).

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equivalente a un “a mí no me importa” de la Presidenta Chinchilla, parece alinearse con

el mandato que imparte el jerarca mundial del catolicismo.

Finalmente, el nivel simbólico de las mentalidades de quienes gobiernan hoy en

Costa Rica, se puede estimar señalando que, por ejemplo, la presidenta Chinchilla y el

Alcalde de San José, el ya citado Johnny Araya, aparecen como devotos católicos, en la

forma más característica de esta Iglesia, cuando floreció durante la llamada Edad

Media. En ese entonces y todavía hoy, la Iglesia y sus agentes recaudaban riqueza no

solamente otorgando indulgencias, sino también vendiendo reliquias de santos e

incluso las famosas astillas de la santa cruz. El catolicismo actual ha recuperado esas prácticas idólatras y supersticiosas al máximo, como cuando las reliquias de Don Bosco

visitaron recientemente Costa Rica y la región Centroamericana.

Se trata del brazo derecho disecado de Don Bosco, ubicado en una caja de

cristal, la cual a su vez está guardada en otra caja de aluminio, bronce y cristal, y finalmente todo esto colocado dentro de una tercera caja o cofre de zinc, que se

encuentra sobre un maniquí yacente, fabricado de resina acrílica, metido en un féretro

de cristal de 530 Kg de peso.

Jessica Varela escribía en el diario La Nación (2010 22 julio, p.17A):

Entre los asistentes a la Catedral estuvo la Presidenta, Laura Chinchilla, quien

escuchó la misa cerca del altar. También llegó el alcalde de San José, Johnny

Araya. Al final de la homilía ambos rindieron honores al santo.

Homofobia: Iglesia y Estado contra la dignidad GLBTT

El problema de la Iglesia Católica con la homosexualidad durante el siglo XXI,

radica en las dificultades crecientes que tiene, para mantener el control psicosexual de

sus fieles. La “inclusión” de las personas GLBTT como parte de una humanidad creada

por un “Dios de Amor”, implicaría entregar el último bastión de la

culpabilización/confesión de pecado, que permite a la institución manipular las vidas

personales y políticas de sus fieles. Pero la doctrina oficial católica, hoy día aún

propugna más bien la exclusión de las personas GLBTT, no solamente de derechos

sexuales sino también civiles y políticos. Esa Iglesia ha optado por afirmar el absurdo (según sus propios “criterios de verdad”) argumento de suponer que existen entidades

que dios no pudo haber querido crear, o que las creó como “error” (¿?) o como

inferiores o subordinados, en este caso las personas GLBTT.

Para afirmar la autoridad intelectual de la fe, y por tanto la propia, Ratzinger se

ve obligado a postular un ordo naturalis en el que el homosexual constituye la

excepción y, por consiguiente, una amenaza ¿Cómo puede el orden contemplar

el desorden, incluso como excepción? Arrojando la homosexualidad al

desorden, fuera por tanto de la racionalidad divina, es posible no plantear las

preguntas realmente pertinentes ni buscar tampoco las respuestas. Mediante la

expresión “desorden objetivo”, Ratzinger puede tranquilamente evitar

preguntarse qué papel desempeña la homosexualidad en el diseño de Dios? Y

¿Por qué Dios la permite? (Anónimo, 2007, p.97).

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Los sacerdotes colonizadores de América discutían sobre si los indios tenían o

no alma, y si por tanto podían recibir el sacramento del bautismo y convertirse en

cristianos súbditos de la Corona94. La negación de la Iglesia Católica y la forma en que

asume hoy día el tema de la homosexualidad, se fundamenta en utilizar el mismo tipo

de argumento que empleara en esos siglos con las gentes americanas. El argumento

también se utilizó hasta hace poco para rechazar el divorcio, y lo sigue empleando esa

Iglesia para fortalecer su control institucional sobre la sexualidad humana. Por este

medio del control sexual y de la culpa por el pecado (inherente a la sexualidad, según

este organismo eclesial) se recogen ingentes riquezas y se adquiere gran poder

ideológico y político, así como ascendencia entre las tendencias y los sectores y grupos

más conservadores, oligárquicos y elitistas.

Durante la segunda mitad del siglo diecinueve, los liberales costarricenses

lograron eliminar una serie de privilegios y de espacios dominados por esa institución,

como fueron la administración del Registro Civil, el sistema educativo, la administración

de los cementerios, el pago de un impuesto obligatorio llamado “diezmo”, y otros. Sin

embargo, incluso después de la Guerra Civil de 1948, el país ha mantenido su

confesionalidad católica, creando muchos problemas en la política interna e

internacional y posicionando a Costa Rica como una nación afín al Vaticano y su agenda

ultra conservadora y de odio.

La religión católica es oficial en Costa Rica, país que se declara

confesionalmente seguidor de esa tendencia. El artículo 75 de la Constitución Política

señala:

La religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su

mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la república de otros cultos que

no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.

La Iglesia Católica se ha aliado y comparte y articula luchas con sus antiguos

enemigos, seguidores de la religión islámica extremista y los movimientos

fundamentalistas similarmente extremistas y practicantes de doctrinas de odio.

De Costa Rica, hoy día, hay que tener presente su falsedad ideológica, su

engaño y autoengaño. Existe aún la falsa creencia, y se difunde propaganda, de un país

de paz y sin ejército95, democrático por tradición. Porque, si analizamos la situación de

los derechos humanos de las personas GBLTT, más bien encontramos un retroceso y

agravamiento de la tendencia a la violación de estos derechos. Un estado que pretende

94 Véase mi artículo (Gómez Meza, 2007), respecto al significado filosófico en la discusión del “otro” de la posición mantenida por Las Casas sobre los indios.

95 Es el artículo 12 de la Constitución Política, que dice: “Se proscribe el ejército como institución permanente. Para la vigilancia y la conservación del orden público, habrán las fuerzas de policía necesarias. Solo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil: no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva”. En contraste a esta idealidad, la Costa Rica actual es un país de elevadísima violencia, en forma de delincuencia mafiosa. Tiene un acuerdo de lucha contra el narcotráfico que permite a las fuerzas armadas de Estados Unidos operar sin restricciones y fuera del alcance de la Corte Penal Internacional. Sobre la creciente militarización de Costa Rica, véase Bryan González Hernández, 2009.

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ser una democracia modelo resulta incompatible con el dominio de prejuicios

medievales96 o practicas características de los tiempos de la colonia, la esclavitud, el racismo y la misoginia. ¿Como responderá el estado costarricense a la creciente

tendencia por las demanda de las liberaciones GLBTT?

Esto no quiere decir que los otros movimientos sociales costarricenses, como el

ecologista o las feministas, no tengan similares dificultades en la construcción de

dignidades, de vidas humanas habitables. Pero esa concesión del Estado para que la

institución católica intervenga en política y defina los valores de la democracia, de la sexualidad, de la vida, la interrupción del embarazo, la orientación sexual y la identidad

de género, va en detrimento absoluto de las libertades. Irrespeta a la ciudadanía no

religiosa, irrespeta a los cristianos que no son católicos. Pero sobre todo daña a los también ciudadanos GLBTT, haciendo de la discusión y reivindicación de sus derechos

un asunto religioso/político, provocando un ambiente de prejuicio, discriminación y

odio. Como se trata de una homofobia oficial y social, la Iglesia, el Estado, los medios

de comunicación y muchas organizaciones cristianas, utilizan impune y

descontextualizadamente argumentos homofóbicos, similares a los que promueve esa

institución religiosa a nivel internacional.

Resulta absurdo concebir un estado democrático, que a la vez, adopte a la

iglesia católica como institución oficial, que la democracia del estado se base en los fundamentos filosóficos, la ideología y la concepción de política y de derecho de una

institución monárquica y que no respeta muchos derechos humanos, discriminando y

persiguiendo a mujeres y hombres y otras personas que no adoptan las

reglamentaciones sexuales católicas. ¿El catolicismo debe ser un particularismo

universalizante respaldado como política de estado? Mientras no se supere este atraso

medieval en la democracia de la “suiza centroamericana”, las personas GLBTT no

podremos ver nuestros derechos reconocidos. En este capítulo se considera que es el

momento oportuno, para no callar sobre este debate, ya que la desacreditación de la

iglesia por corrupción y pedofilia, por el cada vez menor numero de católicos y por los

nuevos valores del siglo XXI, hacen de la situación una oportunidad para irrumpir ante

tal alienación de la democracia y de los derechos humanos GBLTT en Costa Rica.

La Iglesia Católica en Costa Rica se involucra e interviene de forma directa en

todas las estructuras de poder político del Estado. Es un ente monárquico que sin

embargo define y consagra los valores de la democracia en el país; también se atribuye

la potestad de creer tener la autoridad para educar en materia de educación sexual,

aunque para esta iglesia toda sexualidad es originalmente “mala” y su ideal es la

castidad.

En un documento llamado Caminos hacia una auténtica democrac